El Gobierno impugna ante el Constitucional la consulta alternativa del 9N

El Gobierno ha acordado este viernes en su reunión del Consejo de Ministros plantear la impugnación ante el Tribunal Constitucional de la nueva consulta convocada por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, para el próximo 9 de noviembre, basándose en el informe aprobado por el Consejo de Estado avalando este recurso.

Según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el Ejecutivo recurrirá ante el Tribunal Constitucional la nueva consulta planteada por Mas "sin ninguna base legal y sin ninguna de las garantías democráticas más básicas".

La vicepresidenta ha recordado que se trata de una consulta convocada para la misma fecha que la que ya fue suspendida por el Constitucional, con la misma pregunta, las mismas papeletas y las mismas urnas; además de no contar con ninguna administración electoral que la respalde y estar pilotada por "quienes defienden un resultado concreto".

Con su recurso, ha explicado que el Gobierno pretende asegurar la vigencia del ordenamiento jurídico constitucional y el Estado de Derecho, proteger la democracia, garantizar los derechos de los catalanes y, especialmente, los de los funcionarios a los que considera que Mas pretende "colocar a la intemperie" sin darles "ninguna cobertura legal".Evitar que los catalanes queden en la intemperie legal

La frase que más ha repetido la vicepresidenta durante la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros ha sido que el GObierno quiere evitar a toda costa que "los catalanes queden en la intemperie legal".

"Usted imagínese que un partido político decide no aprobar un decreto para disolver las Cortes, pero a su vez convoca elecciones. Llama a voluntarios e imprime papeletas, coloca urnas y mesas para que los ciudadanos voten. Que votarán una, dos veces las que sean, porque como no tienen censo ni control en las mesas... ¿Usted diría que el resultado tiene algún tipo de garantías? Pues esto es poco más o menos", ha explicado a un periodista Sáenz de Santamaría.Como si se tratara de 'Barrio Sésamo' la mano derecha de Rajoy ha señalado que "se trata de una irresponsabilidad que el presidente no asume, pero sí desplaza. Hay gente a la que ponen en una tesitura grave. Esto les deja a la intemperie", ha comentado.

Pero el grueso de medios que presenciaba el acto quería conocer, ¿qué le va a suceder a el responsable que ha organizado todo esto?, el presidente de la Generalitat, Artur Mas. La vicepresidenta ha explicado en tono serio que "es consciente que el primer reférendum incumple la Constitución, el segundo vulnera derechos de los ciudadanos y que al menos por respeto a ellos cumple esta vez con las resoluciones", ha insistido. Pero sigue sin anunciar algún tipo de responsabilidad personal contra la figura de Mas."Que cada uno explique lo suyo"Preguntada por el pleno monográfico de corrupción que su partido ha negado explicarse en el Congreso, Sáenz de Santamaría ha comentado que "cuando reclaman un debate sobre corrupción, yo me pregunto, que el resto de partidos también debe explicarse porque cada uno tiene sus propios casos de corrupción", así ha añadido que "¿no será mejor que cada partido tome las estimaciones oportunas y al Gobierno nos dejan llevar la discusión de estas leyes para aprobarse cuanto antes?", en referencia a la Ley de Transparencia que lleva tramitándose desde febrero. "Que cada uno explique lo suyo y que tome las decisiones oportunas", ha zanjado.Asimismo, los epriodistas le han preguntado por las responsabilidades de Esperanza Aguirre po presidir el PP de Madrid, partido al que pertenece el que fuera su 'número dos', Francisco Granados, uno de los cabecillas de la 'operación Púnica, así como cuatro alcaldes, la vicepresidenta rechazó "entrar en responsabilidades políticas de los partidos". "No me corresponde ", dijo, para insistir en que, "por desgracia", la corrupción "afecta a todas las fuerzas políticas cuando reclaman al Gobierno un debate".Culpa al PSOE del retraso en la Ley de TransparenciaSáenz de Santamaría urgió este viernes al Congreso de los Diputados a debatir las medidas anticorrupción a lo largo del mes de noviembre para que se puedan aprobar en diciembre y culpó del retraso en la aprobación de las mismas a la celebración de las elecciones europeas del pasado 25 de mayo y al proceso de renovación en el PSOE.La vicepresidenta ha explicado que el equipo de trabajo de su partido lleva desde marzo y ha realizado dos interrupciones, a petición de los partidos para buscar un gran consenso en esta Ley de Transparencia. "Una fue por las elecciones europeas para volver a reanudarlo, y la segunda fue por el cambio en la secretaría general del PSOE. Como recordarán en septiembre se reanudaron y cada uno tomó sus decisiones. Nosotros nos marcamos octubre para acabar esa negociación y poder aprobar las normas en diciembre. Creo que sería bueno que esas leyes se debatieran, se hicieran enmiendas y se pudieran aprobar", ha contestado.Sáenz de Santamaría ha anunciado la aprobación este viernes del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, explicando que actuará "con plena independencia y autonomía" y estará en funcionamiento antes del 10 de diciembre.

Ha explicado que el presidente del nuevo organismo será nombrado, por un plazo de cinco años no prorrogable, "entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional y previa comparecencia en el Congreso". El nombramiento deberá ser aprobado por mayoría absoluta por el Congreso, a propuesta del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

La vicepresidenta ha destacado que el Consejo tiene un papel "esencial" a la hora de garantizar que se cumplen la Ley de Transparencia, que entrará en vigor en diciembre y que no tiene precedentes en la historia de España.

El estatuto aprobado regula los fines, la estructura y funciones del Consejo, entre cuyos miembros habrá un diputado, un senador, un miembro de la Agencia Española de Protección de Datos y otro del Defensor del Pueblo. "Por ello creo que demuestra su independencia", ha asegurado al ser preguntada por qué por mayoría absoluta y no por el amplio consenso de los partidos.

El Gobierno aprueba 282 plazas de jueces

La mano derecha de Rajoy dio cuenta de la aprobación de un real decreto por el que se crearán 112 plazas de magistrados en órganos colegiados, así como una serie de plazas de adscripción territorial. En total se crearán 282 plazas judiciales, dos de las cuales serán para la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Las plazas serán efectivas a partir de enero de 2015 y, contadas las mismas, la judicatura española pasara a tener desde comienzos del próximo año un total de 5.361 miembros.

Asimismo, la 'número dos' del Gobierno también aludió a que, gracias al decreto aprobado este viernes, se pondrán en marcha tres juzgados de lo penal "para adecuar la planta judicial a las necesidades existentes".

La vicepresidenta explicó que esta creación de plazas de jueces y de instalaciones judiciales "responde al afán y a la determinación del Gobierno para fortalecer el Estado de derecho". Añadió que se dan así recursos para que haya en España "mayores garantías" para ejercer las función constitucional de la administración de justicia.

En este sentido, sostuvo que estos nuevos medios materiales y humanos es algo que contribuirá "a agilizar el funcionamiento y la respuesta de la Justicia".Sobre el retraso en la opv de AENA

Sáenz de Santamaría, explicó que el retraso en la Oferta Pública de venta de Aena se ha producido porque el Ejecutivo quiere "plenas garantías de que todo está correcto" y se hace "en la más absoluta transparencia".

Al ser preguntada por si este aplazamiento en la salida a bolsa del gestor aeroportuario denota la existencia de descoordinación en el Ejecutivo, aseguró que "el proceso de privatización parte de la propia entidad", que es la que inicia el proceso y solicita el informe de las auditoras.

Por ello, estableció que el papel del Ejecutivo ha sido pedir que se solvente un posible problema, que catalogó de "contractual sobre la empresa encargada de la auditoría".

En esta línea, apuntó que los entes públicos deben cumplir la Ley de contratos, normativa que exige "la más absoluta transparencia y respeto a la legalidad administrativa vigente".