El PSOE ha dado diez días a los militantes expulsados provisionalmente por haber usado las tarjetas opacas de Caja Madrid para que, si lo consideran oportuno, presenten alegaciones contra la decisión del partido.
Según han informado fuentes socialistas, los diez afectados por la decisión de la dirección del PSOE tienen ahora este plazo para exponer sus argumentos contra la expulsión, dictaminada tras cerrar la investigación abierta por la Comisión Ejecutiva Federal en la que ya se escuchó las explicaciones de los implicados sobre la utilización de las 'tarjetas negras'.
La secretaría de Organización comunicó la madrugada del martes la expulsión provisional a 10 de los implicados. Los otros seis ya habían pedido su baja de forma voluntaria tras conocerse su relación con los hechos investigados.
Los expulsados son Virgilio Zapatero, Ángel Gómez del Pulgar, Joaquín García Pontes, Miguel Muñiz de las Cuevas, Gonzalo Martín Pascual, Enedina Álvarez, Ignacio Varela, Miguel Ángel Abejón, José María de la Riva y José María Arteta.
Virgilio Zapatero ha criticado con dureza la gestión del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de "justiciero", y ha avisado de que está dispuesto a ir a los tribunales ordinarios, incluso al Tribunal Constitucional.Firmeza contra la corrupción
Sin embargo, la postura del PSOE seguirá siendo de firmeza, según han indicado fuentes parlamentarias. De hecho, han subrayado que, después de que el partido anunciara medidas contundentes, el resto de formaciones afectadas por este escándalo están aplicando también 'mano dura'.
Así ha ocurrido en los sindicatos, donde también ha habido expulsiones y dimisiones, e incluso en el PP, que va a abrir una investigación interna, señalan. El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha garantizado este miércoles que "pedirá la devolución de todas las cantidades" cuando el juez que instruye este caso en la Audiencia Nacional "determine que se han cobrado de manera indebida".
Un día después de conocer la existencia de estas tarjetas supuestamente opacas a través de los medios, la Secretaría de Organización del PSOE solicitó información a las personas presuntamente implicadas que eran militantes del partido.
En concreto, el PSOE quería aclarar el concepto por el que se les concedieron las tarjetas, una explicación de los gastos realizados y si estos estaban relacionados con gastos de representación o derivados de actividad vinculada a la entidad o puesto desempeñado en la misma.
El PSOE preguntó además por el tratamiento fiscal de las tarjetas y de los gastos efectuados con ellas, en especial la inclusión o no en la declaración de la renta o de cualquier otra declaración tributaria.
Tras conceder un plazo para formular alegaciones, presentar pruebas o personarse en la instrucción para aclarar lo publicado, y vistas las alegaciones, la Secretaría de Organización estimó que concurren las circunstancias que justifican la adopción de medidas disciplinarias previstas en la normativa y procedió a su expulsión provisional.
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