El Pleno del Tribunal Constitucional admitió esta tarde a trámite la impugnación que el Gobierno había presentado este miércoles contra la resolución del Parlament por la que se iniciaba el proceso secesionista.
El Gobierno de Rajoy había pedido en su recurso que se les hiciese un "apercibimiento expreso de suspensión en sus funciones" a 21 altos cargos catalanes —entre ellos la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell, y el presidente en funciones Artur Mas, en caso de que incumpliesen la suspensión y reclamaba que se inicie un procedimiento penal por un delito de desobediencia en caso de incumplimiento.
El Constitucional ha tenido en cuenta y ha aceptado noticiar a los responsables que deben cumplir la suspensión.
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