La trama de Granados cobraba comisiones de hasta el 3 por ciento por cada contrato

Los políticos que presuntamente formaban parte de la trama desarticulada en la 'operación Púnica', entre los que se encontraba el exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados, cobraban supuestamente comisiones de hasta el dos y el tres por ciento de cada contrato, según informaron fuentes jurídicas.

La trama, que habría intervenido en contratos por valor de 250 millones de euros, según la Fiscalía Anticorrupción, tenía el objetivo de conseguir el lucro personal de los políticos implicados, pertenecientes a tres partidos distintos, PP, PSOE y los independientes de la UDMA, y no la financiación de sus respectivas formaciones.

De esta forma, según las primeras estimaciones barajadas por los investigadores y en atención al porcentaje que presuntamente habrían recibido por cada contrato, los imputados podrían haber obtenido unos ingresos que oscilarían entre los cinco y los siete millones y medio de euros.Mediación en la adjudicación de contratos

La investigación, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, revela que la organización desmantelada con la 'operación Púnica' se dedicaba a mediar entre empresarios y políticos con influencias en el ámbito municipal, regional y de la Diputación para la consecución de contratos públicos en la gestión de servicios.

Las pesquisas contra la trama, que giraban en torno a dos conseguidores --los empresarios David Marjaliza y Alejandro de Pedro Llorca--, se iniciaron en diciembre de 2013 cuando la Fiscalía de Laussanne informó a Anticorrupción de que investigaba a Granados y Marjaliza por un delito de blanqueo de capitales agravado.

Además de Granados han sido imputadas un total de 51 personas, según la Fiscalía Anticorrupción, aunque fuentes jurídicas señalan que se trata de 51 imputados y que los detenidos serían 37, además de precisar que se trata de detenciones policiales y no judiciales.

Entre los detenidos se encuentran el presidente de la Diputación de León y alcalde de Cuadros Marcos Martínez; y los alcaldes de seis municipios madrileños: Valdemoro, José Carlos Boza (PP); Parla, José María Fraile (PSOE); Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP); Casarrubuelos, David Rodríguez (PP);Collado Villalba, Agustín Juárez (PP) y Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández (UDMA). También ha sido arrestado David Marjaliza.

A los detenidos se les imputan los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude contra la administración y organización Criminal.Presiones a técnicos

La investigación de Anticorrupción, dirigida por la fiscal Anticorrupción Carmen García, se inició después de la advertencia de las autoridades suizas, que trasladaron su intención de interrogar a Granados y Marjaliza por un delito de blanqueo de capitales y pedían a la Fiscalía española que extremara la vigilancia para evitar el desvío de los capitales investigados.

Durante seis meses las pesquisas de Anticorrupción determinaron que los fondos movidos por los investigados en los últimos aos procedían del mundo de la construcción aunque con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria su mediación se centró en la adjudicación de servicios difícilmente objetivables, como el de eficiencia energética.

Los pinchazos telefónicos realizados por la Guardia Civil han revelado que los políticos implicados, en la última etapa de su vida política, movían sus influencias para obligar a los técnicos a adjudicar los contratos a las empresas escogidas a cambio presuntamente de comisiones ilegales, en un modo de funcionamiento muy similar al de la trama 'Gürtel'.

La investigación, que se concretó en una querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en junio pasado ante el juez Eloy Velasco, también ha determinado que el dinero de las comisiones se blanqueaba a través de un complejo entramado societario y con ayuda de las empresas que se adjudicaban los servicios y contratos contraviniendo la libre concurrencia.Reconoció tener la cuenta pero no lucrarse durante su actividad política

Tras renunciar a todos su cargos en febrero, Granados negó primeramente que tuviera ninguna cuenta en Suiza y más tarde suvo que reconocerlo (entre 1996 y 2000), pero negó tajantemente que durante los años dedicados a la actividad política mantuviera depósitos en el extranjero.

La versión, por aquel entonces, contrastaba con el hecho de que la justicia helvética comunicó a las autoridades españolas la existencia de una cuenta bancaria a su nombre desde 1999, el mismo año en que Granados fue elegido alcalde de Valdemoro (Madrid).

La investigación por esta red se origina en diciembre 2013 cuando una comisión rogatoria de Suiza alerta de una cuenta que dos españoles tienen en ese país: Granados y Marjaliza, y se da cuenta de ello a la Fiscalía Anticorrupción.

Tras bloquear Suiza estas cuentas por un delito de blanqueo, la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación durante seis meses para aclarar el origen de ese dinero al sospechar que podría proceder de la construcción.

Este ha sido el origen de las pesquisas de la Fiscalía en coordinación con Agencia Tributaria e Intervención General del Estado (IAG) y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La información aportada por todos permitió presentar una"detallada querella" ante Velasco, quien incoó diligencias en junio por delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la Administración y organización criminal.

A partir de esa fecha, según la Fiscalía, el juzgado ha dirigido "un eficiente trabajo de investigación", junto con las instituciones ya mencionadas, para culminar este lunes con las detenciones de los 51 acusados y la adopción de las medidas cautelares para asegurar la recuperación de los productos y ganancias del delito.510.000 euros en depósitos, 3 pisos y 4 plazas de garaje en Valdemoro

La declaración oficial de bienes cuando era senador del Partido Popular muestra un patrimonio en cuentas bancarias de 510.000 euros. Así lo firma en una declaración depositada tras su elección en diciembre de 2011. (consulte aquí su declaración) En ella adeudaba a la banca 275.000 euros correspondientes a un préstamo hipotecario contraído en 2007 por valor de 330.000 euros.

Reconoce dos pisos y dos viviendas. Tres de ellas en Valdemoro, además de una finca de naturaleza rústica y una vivienda en Málaga. También declara un coche Volkswagen Tuareg desde el año 1999 y una moto Suzuki Burgmann de 125 centímetros cúbicos adquirida en 2008.

Su declaración muestra que antes de entrar en el Senado ganó como miembro del Ejecutivo de Esperanza Aguirre y de la Asamblea de Madrid un total conjunto de 108.840 euros. A ello se debe sumar los 14.900 obtenidos como intereses de sus depósitos lo que le hizo pagar a Hacienda 34.688 euros.

Pero lo que pareció olvidársele al político fueron los 1,5 millones de euros en Suiza desde 1999 de los que no hay rastro en su declaración oficial que está obligado a presentar como cualquier miembro del Senado.