Las claves del bloqueo del Tribunal Constitucional

En noviembre de este año habrá hasta siete miembros de la docena que componen el Tribunal Constitucional que estará en una posición irregular, ya que desde diciembre de 2007 vencieron su mandato cuatro de sus cargo y antes de finalizar el año otros tres miembros se sumarán a esta situación irregular. A estos hay que añadir, que en mayo de 2008 falleció uno de sus miembros, para el que aún no se ha designado un sustituto.

Éstas son las claves de la situación actual del Alto Tribunal:

Bloqueo de la renovación del TC

Desde finales de 2007, cuatro miembros del Tribunal Constitucional, entre ellos su presidenta y su vicepresidente, permanecen en sus cargos a pesar de haber vencido los nueve años de su mandato. Desde esa fecha permanece bloqueada la correspondiente renovación de los cuatro miembros designados a petición del Senado --otros cuatro los nombra el Congreso, dos más el Gobierno y otros dos el Consejo General del Poder Judicial--.

En 2008 se llegó a un principio de acuerdo, cuando populares y socialistas sellaron un pacto por la Justicia que permitió una nueva composición del Consejo General del Poder Judicial pero que se encalló en la renovación del Constitucional. Es necesaria una mayoría de tres quintos de los senadores para elegir a los cuatro nuevos cargos del Alto Tribunal. La duración de sus cargos es de nueve años y, con el fin de asegurar lacontinuidad en las actuaciones del Tribunal, éste se renueva porterceras partes cada tres años, según se establece en la Carta Magna.

Precisamente, el nuevo ponente de la sentencia que se espera desde hace casi cuatro años sobre el recurso interpuesto por el PP contra el Estatut de Cataluña será el vicepresidente del Tribunal Constitucional, Guillermo Jiménez, cuyo cargo tendría que haberse renovado hace casi dos años y medio.

A estos miembros, hay que añadir que falta la designación del sustituto de Roberto García-Calvo, que falleció en mayo de 2008 y desde entonces el Constitucional sólo cuenta con 11 miembros. En noviembre de este año, cuando vencen los mandatos de otros tres miembros del Alto Tribunal, habrá ocho de los 12 miembros pendiente de una renovación.

Las posturas de los partidos

El presidente de la Generalitat, José Montilla, exige la renovación del Tribunal Constitucional, que está aún debatiendo sobre la constitucionalidad del Estatut de Catalunya, para evitar "sospechas" de que esté "vendido" al PP. En su opinión, renovar a los cuatro magistrados cuyo mandato está caducado "es cumplir la ley". Por ello, está en contacto con todos los líderes políticos catalanes, excepto del PPC, y con el presidente del Parlament, Ernest Benach, para que en el pleno de la cámara de la semana que viene apruebe una resolución a favor de la renovación del Constitucional.

El líder de CiU, Artur Mas, se ha mostrado de acuerdo en que el Parlament tiene que "liderar esta ofensiva" para evitar que el Alto Tribunal recorte el Estatut, pero ha exigido al PSC que "lo que se apruebe en Cataluña se defienda y se vote en Madrid".

Las declaraciones más polémicas entre los socialistas las realizó el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, que se alineó con los populares en contra de la renovación del TC. Sin embargo, acto seguido la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, garantizó que los socialistas apoyarán la renovación del TC, "como marca la ley", e insistió en acusar al PP de bloquear los cambios en ese órgano.

No obstante, el líder de los socialistas y presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, también se manifestó y subrayó que, pese a todo, el TC "sigue teniendo plena legitimidad" para debatir sobre la sentencia del Estatut. Por el contrario, aunque el líder del PP, Mariano Rajoy, pide "mesura, sensatez y responsabilidad" para acabar con esta "crisis institucional" en el Alto Tribunal, ha descartado de forma tajante que su renovación se produzca ahora porque sería "un torpedo" con el que se "liquidaría su futuro".

Los temas pendientes

El Tribunal Constitucional lleva casi cuatros años pendiente de conseguir aprobar un borrador sobre el recurso presentado por el PP contra el Estatut de Catalunya en julio de 2006. Sin embargo, y pese a la expectación que este tema levanta en cada pleno de este órgano, no es el recurso que más tiempo lleva sin resolución.

Diez meses antes el PP presentó en el Alto Tribunal un recurso contra la ley que regula los matrimonios entre personas del mismo sexo. Una de las primeras normativas aprobadas por el entonces nuevo Gobierno de Zapatero. Este recurso se presentó porque, según los populares, vulnera el artículo 32 de la Constitución al no respetar la definición constitucional del matrimonio como unión de un hombre y una mujer.

En el último pleno, también se admitieron a trámite dos polémicos recursos. Uno de ellos es el presentado por el Gobierno contra la ley valenciana que permite los derribos en el barrio de El Cabanyal y ha ordenado paralizarlos. Es la segunda vez que el Tribunal Constitucional tiene que decidir sobre el futuro del barrio marítimo de Valencia. Además, como viene siendo casi habitual en los últimos años, otro tema pendiente es el recurso presentado por diputados del PP en el Congreso contra los Presupuestos Generales del Estado de 2010.

¿Cuáles son las funciones del TC?

El Tribunal Constitucional, con jurisdicción en todo el territorioespañol, es el intérprete supremo de la Constitución. Es un órganojudicial independiente de los demás órganos constitucionales y estásometido sólo a la Constitución y a su Ley Orgánica.

Sus competencias son el control de constitucionalidad de normas conrango de ley, sean del Estado o de las Comunidades Autónomas --serealiza a través del recurso de inconstitucionalidad y de la cuestiónde inconstitucionalidad--, así como del control previo de tratadosinternacionales.

Asimismo, a este tribunal compete el recurso de amparo por violación delos derechos y libertades fundamentales y la resolución de losconflictos constitucionales entre el Estado y una o más autonomías oentre alguna de ellas entre sí. Del Alto Tribunal depende la resoluciónde los conflictos en defensa de la autonomía local