El empleo sumergido ya supone un 8% de la economía española

  • El empleo irregular supone ya una tercera parte del total de la economía sumergida en España y su peso ronda los 82.000 millones de euros. Es decir, supone casi el 8% del Producto Interior Bruto. Por Comunidades Autónomas, Cataluña, Madrid y Andalucía son las que esconden más trabajdos no declarados.
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El empleo irregular en España se sitúa en torno a los 82.500 millones de euros, lo que supone casi un 8% del Producto Interior Bruto (PIB), según los datos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

El colectivo explica que, si se implantaran unas políticas adecuadas, se podría reducir en diez puntos la tasa de fraude en España, lo que la situaría en línea con los países europeos más desarrollados. Además, el Estado podría recaudar cada año más de 13.000 millones de euros adicionales procedentes de las cuotas a la Seguridad Social.

Está previsto que este viernes el Gobierno apruebe un plan para luchar contra los trabajos no declarados, una iniciativa que se ha tenido que posponer por la falta de consenso entre Gobierno y agentes sociales.

Por regiones, los mercados laborales que esconden más empleo irregular son Cataluña (28.937 millones de euros anuales), Madrid (12.351 millones de euros), Andalucía (11.549 millones de euros), Comunidad Valenciana (8.347 millones de euros), Galicia (4.702 millones de euros) y Castilla y León (4.612 millones de euros anuales).

Por otro lado, Gestha recuerda que la tasa de economía no declarada alcanza actualmente el 23,3% del PIB, lo que supone cerca de 245.000 millones anuales, de los que el 65,9%, casi dos terceras partes (161.647 millones) proceden del fraude fiscal, un componente "que no debe dejarse a un lado en próximo plan del Gobierno".

El fraude tributario, origen del problema

Otra muestra del alcance del empleo irregular es la gran cantidad de irregularidades descubiertas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), que en 1,2 millones de actuaciones registraron casi 100.000 infracciones.

En total, las sanciones derivadas de estas actuaciones rondaron los 250 milllones de euros anuales, y afectaron a más de 570.000 trabajadores a nivel nacional, según las cifras publicadas de ITSS.

Ante esta situación, los Técnicos de Hacienda proponen la aplicación de un plan que incluya también medidas específicas contra el fraude tributario, sobre todo si se tiene en cuenta que para poder mantener los empleos irregulares las empresas necesitan en primer lugar disponer de dinero negro con el que pagar al trabajador.

Para conseguirlo, las empresas evasoras recurren a diversos medios fraudulentos, como ocultar parte de las ventas y cobros, recibiendo facturas falsas o falseadas para simular gastos y pagos de mayor importe. De este modo, una lucha más efectiva contra el fraude en materia fiscal atacaría también de raíz la economía sumergida en materia laboral.

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