La CUP pide "forzar el marco jurídico" para seguir municipalizando servicios

La CUP ha criticado este jueves que la propuesta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) del Gobierno es una ofensiva contra los procesos de municipalización de servicios públicos de algunos ayuntamientos y ha pedido "forzar el marco jurídico hasta el límite de la legalidad" para seguir con estos procesos al margen de las cuentas.

El diputado del Parlament Benet Salellas ha alertado en rueda de prensa de que la disposición adicional 27 es una "ofensiva" contra la municipalización porque impide que, si hay una sustitución de empresas, los trabajadores puedan pasar a la nueva entidad, de manera que los trabajadores perderán su empleo si un ayuntamiento municipaliza un servicio público que estaba externalizado.

Algunos ayuntamientos gobernados por la CUP han aprobado en los últimos meses municipalizar servicios públicos que estaban externalizados, como cuatro consistorios de Barcelona: la jardinería en Artés, el agua en Barberà, la limpieza en Navàs y la zona azul en Sabadell.

Salellas ha dicho que los PGE refuerzan la centralización de España contra la autonomía de los ayuntamientos, "blinda los privilegios de las empresas que acumulan la mayoría de las externalizaciones y supone un nuevo ataque a la precariedad de los trabajadores".

El concejal de la Crida per Sabadell (Badalona) Albert Boada ve en la disposición 27 intencionalidad política para proteger a empresas e intereses privados, y la concejal en Ripollet (Barcelona) Pilar Castillejo ha advertido de que estas empresas "son el origen de la corrupción".

Para Salellas, estos PGE "consolidan por vía legislativa la posibilidad de perder el puesto de trabajo con la municipalización" y lo ha atribuido al discurso del miedo que ve en algunos partidos y sindicatos ante estas iniciativas.

PROPOSICIÓN DE LEY

Salellas ha anunciado que la CUP ha registrado una proposición de ley en el Parlament con carácter de urgencia para "blindar el proceso de recuperación de servicios públicos" con el objetivo de que los trabajadores de estas empresas puedan continuar como empleados públicos.

Esta iniciativa, que supondría modificar de la ley municipal catalana, podría suponer un conflicto de competencias entre el Estado y la Generalitat, pero ha afirmado que su "voluntad política es clara y pasa por encima de las leyes de Montoro".

Además, los 'cupaires' presentarán mociones en los ayuntamientos y disposiciones en contra de los PGE.

CONFLICTO JURÍDICO

El concejal Boada ha alertado de que aprobar la disposición 27 supondrá "un debate jurídico" porque contradice otras normas, como la Ley de Contratos del Sector Público y el Estatuto de los Trabajadores, que sí reconocen la subrogación de los trabajadores, defiende.

Para los ayuntamientos en que la CUP ha aprobado últimamente municipalizar servicios públicos que estaban externalizados, Boada ha apostado por "seguir forzando el marco jurídico hasta el límite de la legalidad" para que estos procesos sigan adelante al margen de los PGE.

Ha explicado que se puede producir una discusión jurídica que puede acabar en denuncias y un tribunal deberá interpretar cuál prevalece: "Y si hace falta llegar a la vía contenciosa lo haremos".