Más de 3.000 personas arropan a Mas en su declaración por el 9-N

Artur Mas no fue solo a prestar su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) como imputado por haber desobedecido al Tribunal Constitucional con la organización de la consulta del 9-N pese a estar suspendida. Se esperaba. Mas ha comparecido por espacio de poco menos de hora y media.

A su salida, el president en funciones de la Generalitat, ha recibido los aplausos de más de 3.000 personas concentradas desde primera hora de la mañana a las puertas de la sede del tribunal. Mas ha avanzado saludando a varios de los presentes y, tras entonar 'Els Segadors', se ha dirigido al Palau de la Generalitat, donde informará sobre su comparecencia.

Mas llegaba a la sede del tribunal pasadas las 9.30 horas, acompañado por todos los consellers del Govern, los miembros de la candidatura en la que concurrió en las pasadas elecciones, Junts pel Sí- entre ellos el cabeza de lista, Raül Romeva y el líder de ERC, Oriol Junqueras- y más de 400 alcaldes, como había informado la Associació de Municipis per la Independència. Los regidores han formado un pasillo con sus bastones de mando por el que ha pasado Mas a su salida del tribunal.

Antes de la cita ante el juez, el líder de CDC había asistido esta mañana al homenaje al expresidente Lluís Companys en la tradicional ofrenda floral ante su tumba en el Fossar de la Pedrera del cementerio de Montjuïc.La coincidencia entre la citación de Mas y el fusilamiento de este héroe del nacionalismo catalán, que en 1934 llegó a declarar un efímero Estado catalán, fue muy criticada entre el independentismo."Ataque a la independencia judicial"

Los concentrados ante las puertas del tribunal han esperado a Mas desde incluso una hora antes de su llegada, y han permanecido hasta su salida. Entre ellos, abundaban las esteladas y los símbolos nacionalistas, así como pancartas con claras alusiones a lo que consideran una total falta de independencia de la Justicia. Entre los cánticos se han podido escuchar lemas como 'Tots son Mas', 'No callaréis la voz de un pueblo' o 'Fuera la Justicia española'

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya críticó ya el marteslasconcentraciones convocadaspara apoyar, ese día, a las conselleras Irene Rigau y Joana Ortega, también imputadas por la consulta. En un comunicado, el TSJC acusó a los convocantes de "cuestionar la legitimidad de los jueces" y tratar de "influir en su toma de decisiones", por lo que, a su juicio,las manifestacionesson un "ataque directo" a laindependencia judicial.

El TSJC consideró además especialmente grave que detrás de estas convocatorias estuviesen "representantes públicos, algunos de ellos con funciones de gobierno". A su juicio, estas convocatorias responden a una "estrategia" de carácter político.

Mas, Rigau y Ortega están imputados por delitos de desobediencia, malversación, usurpación de funciones y prevaricación en la organización de la consulta del 9-N.Tras su declaración, Mas comparecerá ante los medios en el Palau de la Generalitat.

El cabeza de lista de Junts pel Sí, Raül Romeva, ha considerado que la concentración "es un acto de acompañamiento no de presión a los jueces". "Tener que venir hoy aquí es antidemocrático", ha apostillado.

Por su parte, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado con su presencia "defender la democracia, las urnas y el derecho a voto de los ciudadanos".

"Es algo que genera tan consenso social que nos mantendremos firmes en la defensa de estos compromisos", ha sentenciado el líder de los republicanos en declaraciones a los periodistas.Rigau y Ortega descargaron responsabilidades en los voluntarios

La ex vicepresidenta Joana Ortega yla consellera de Enseñanza en funciones, Irene Rigau,coincidieron el martes en su afirmación de no haber desobedecido al Constitucional al considerar que no existía una prohibición expresa y que la consulta se realizó porque, una vez suspendida, la organización ya estaba en manos de voluntarios.

Como Mas, ambas rechazaron responder a las preguntas de la Fiscalía por considerar que había cambiado de criterio, al apreciar ahora delito y no hacerlo con anterioridad.Rigau negó además que se diese orden a los directores de institutos para abrir los centros. "Simplemente les informamos de que los centros podían ser utilizados par la consulta y que el funcionamiento iría a cargo de los voluntarios", expuso en su declaración ante los medios, tras salir del juzgado.Por su parte, Ortega consideró que "el Gobierno del Estado no hizo nada para pactar esta voluntad democrática y tampoco se hizo nada para pararlo". "Se dijo que no era ni una consulta ni nada y que no tenía ninguna validez jurídica", subrayó, al tiempo que consideró que no se presentó querella "hasta que se vio la magnitud del proceso, con 2'3 millones de personas".