IU y Podemos pactan llevar en su programa el derecho a decidir

Podemos e Izquierda Unida han ultimado ya el programa de mínimos con el que concurrirán el 26-J.

El texto, titulado "Cambiar España. 50 pasos para gobernar juntos", es un acuerdo de 18 páginas, que recoge las medidas de consenso entre ambas formaciones.

Según este programa, IU renuncia a alguna de sus reclamaciones históricas, como la República o la salida de la OTAN. No se contempla tampoco el impago de la deuda.

Entre las principales propuestas se incluye: 

Derecho a decidir:  "Al amparo del artículo 92 de la CE, convocatoria de un referéndum con garantías en Cataluña para que sus ciudadanos y ciudadanas puedan decidir el tipo de relación territorial que desean establecer con el resto de España", señala el texto. Esta propuesta, no obstante, no indica plazos para la celebración del referéndum. Tampoco detalla cuál debería ser la pregunta a formular. El derecho a decidir está incluida en el segmento del documento denominado 'Democracia política'. En ese apartado también se describen medidas para luchar contra la corrupción y a favor de la transparencia.

Cambio Constitucional: "Apertura de un debate ciudadano orientado a discutir el inicio de un proceso de cambio constitucional capaz de modificar los marcos económico, social, político, territorial e institucional definidos en el texto de 1978. Convocatoria, al amparo del artículo 92.1 de la Constitución Española, de un referéndum consultivo para iniciar ese proceso". 

Impulsar una Conferencia Europea de Deuda que ponga en la agenda política de la Unión Europea la reestructuración coordinada de las deudas públicas en el marco de la zona euro.

"Proponemos una modificación en los plazos de vencimiento de las deudas europeas en circulación, mediante un canje de bonos que facilite que los viejos títulos sean sustituidos por nuevos títulos que se mantengan a perpetuidad". 

Una auditoría de la deuda eléctrica acumulada por el déficit de tarifa y una auditoría de costes de todo el sistema (además, se reclamará ante la Justicia la cantidad cobrada en exceso por las eléctricas en concepto de Costes de Transición a la Competencia).

El establecimiento de controles efectivos para impedir prácticas oligopólicas y específicamente la integración vertical en el ámbito energético. 

El cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña y la no extensión de los permisos de operación para el resto de centrales nucleares en funcionamiento, de modo que todas ellas estén cerradas en 2024. 

La recuperación por parte del Estado de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones a empresas privadas caduquen.

Revertir el artículo 135 de la Constitución. 

Un ritmo de reducción del déficit "significativamente más paulatino que el planteado por la Comisión Europea".  Establecen que el ritmo de reducción del déficit "debe trasladar al final de la legislatura el cumplimiento de los umbrales de déficit que establece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE". 

Una reforma tributaria con la que pretenden "incrementar 3 puntos porcentuales la ratio de ingresos/PIB a lo largo de la siguiente legislatura":  ampliación de las bases tributarias, acercar los tipos efectivos a los tipos nominales mediante la eliminación de las deducciones más regresivas,  tipo efectivo mínimo para las grandes empresas (del 15%),  impuesto sobre Transacciones Financieras, impuestos sobre la riqueza, sucesiones y donaciones (modificándose además el mínimo exento en el Impuesto de patrimonio). Establecen además un Impuesto de Solidaridad a las entidades financieras privada con carácter extraordinario, con el fin de recuperar parte de las ayudas públicas recibidas por el sector.

IVA superreducido del 4% a un mayor número de alimentos y productos sanitarios de primera necesidad, y  tipo reducido del 10% a todos los suministros básicos (calefacción, gas, electricidad) que actualmente no lo tienen.

Subida del salario mínimo que permita alcanzar los 800 euros al mes en 14 pagas al final de legislatura. 

Contrato único temporal (en lugar del contrato estable y progresivo) que establecerá las causas que justifiquen la utilización de ese modelo de contrato. Los contratos temporales cuya causa sea una obra o servicio determinado se convertirán de manera automática en indefinidos cuando su duración sea superior a un año o cuando se concatene una sucesión de dichos contratos durante dicho periodo.

Modificar la actual regulación del despido:  En el despido improcedente el trabajador tendrá la titularidad de la opción de optar por la indemnización o la readmisión en la empresa. Se recuperará la figura del despido nulo por fraude de ley. Se reforzará la causalidad del despido por razones económicas, productivas, técnicas y organizativas.  Se revertirá el abaratamiento del despido de la reforma laboral de 2012. La autorización gubernamental preceptiva para los Expedientes de Regulación de Empleo será obligatoria.

Reestructuración de la deuda hipotecaria de los hogares mediante una reducción en el valor nominal de las hipotecas de primera vivienda en el caso de las familias que cumplan ciertos criterios sociales (todos sus miembros estén en paro y no cuenten con ningún otro ingreso o hogares que presenten ingresos inferiores a 3 veces el IPREM).

Creación de una banca pública a partir de las entidades ya nacionalizadas Bankia y Banco Mare Nostrum, que no serán reprivatizadas, y del ICO. 

Ley de Segunda Oportunidad para pequeños y medianos empresarios, mediante la introducción de un proceso simplificado de Reestructuración y cancelación de deudas para personas físicas y jurídicas. 

Cuotas de la Seguridad Social progresivas en función del rendimiento neto para los autónomos que facturen por encima del salario mínimo y alta gratuita para aquellos que facturen por debajo del salario mínimo.

Programa de renta complementaria a los ingresos existentes para todos los ingresos por debajo del umbral de la pobreza monetaria. La cuantía inicial será de 600 euros mensuales para las unidades de convivencia de un sólo miembro, y aumentará progresivamente en función del número de miembros (35% adicional para el segundo miembro, y 20% por cada uno de los siguientes) hasta un máximo de 1290 euros. 

Suministros básicos: Un mínimo vital básico de suministro eléctrico 9 garantizado cuya tarifa se fijará en función de la renta, mínimo vital de agua, creación de un bono con una tarifa gratuita para todas aquellas personas que no tengan ingresos y otra súper reducida para las que se encuentren en situación de pobreza y/o exclusión social.

Paralización de los desahucios por motivos económicos probados. Derecho a la dación en pago con carácter retroactivo.

Derogación de la LOMCE. 

Acceso universal a la tarjeta sanitaria, también para los inmigrantes.

Derogación de las últimas reformas de las pensiones.  Revalorización de la pensión mínima: la de jubilación personal o con cónyuge no a cargo será equivalente al SMI anual, la pensión de jubilación con cónyuge a cargo será equivalente al 110% del SMI anual.

Revocación de mandato:  Posibilidad de abrir, a los dos años de mandato, un proceso de revocación ciudadana del gobierno por incumplimiento del programa. A iniciativa de 158 diputados y un 15% de las firmas del censo electoral, se podrá llevar a cabo un referéndum vinculante en el que se preguntará a la ciudadanía si deben celebrarse nuevas elecciones por incumplimiento del programa de gobierno. En el caso de que el resultado de la consulta fuese positiva, el/la presidente/a del gobierno deberá convocar elecciones generales en un plazo máximo de 30 días. Se promoverá la regulación de procedimientos similares en Ayuntamientos y Comunidades Autónomas