Los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares han coincidido este jueves en solicitar que la revisión del sistema de financiación autonómico se haga "desde cero" e incluyendo un fondo adicional sobre insularidad.
Así lo han avanzado a las periodistas las consejeras de Hacienda de ambos Ejecutivos, Rosa Dávila y Catalina Cladera, tras la reunión han mantenido en Tenerife para avanzar en una estrategia común sobre la reforma de la financiación.
Dávila ha comentado que el modelo actual es "insostenible" e "injusto" y deja a varias Comunidades --entre ellas Canarias y Baleares-- "a la cola" en la inversión que reciben para la prestación de los servicios públicos, por lo que ha remarcado que la reforma que acometerá el futuro Gobierno central no puede ser un "parcheado".
En ese sentido, ha insistido en que el cambio debe ser "completo" y rompiendo el 'statu quo' actual, y por ello, ve necesario que haya un fondo de insularidad "aparte" que analice el coste que tienen los servicios en los archipiélagos derivados de la fragmentación territorial.
Cladera, por su parte, ha apoyado una "reformulación" de la relación entre el Estado y las Comunidades Autónomas porque hay una "infrafinanciación histórica", subrayando que se debe "romper" el modelo actual por otro en el que todos los ciudadanos españoles perciban el mismo nivel de gasto público.
Las dos consejeras han coincidido también en descartar el informe de Fedea sobre el sistema de financiación autonómica, en el caso de Canarias, porque incluye el REF (Régimen Económico y Fiscal), y se han mostrado partidarias de que las negociaciones se hagan de forma conjunta.
MÁS CORRESPONSABILIDAD FISCAL
La consejera balear ha demandado que el nuevo sistema incluya variables de corresponsabilidad fiscal para que las Comunidades sean responsables de sus ingresos y gastos, y en general, ha defendido una "simplificación" porque tiene "muchas capas" y es "difícil" saber como se comporta. "Debe ser transparente para todos", ha precisado Dávila.
Además, y ante las limitaciones que impone el Gobierno central con el techo de gasto, los dos ejecutivos se han mostrado partidarios de "revisar" la ley de estabilidad presupuestaria porque aunque hay mejoría económica, no se puede destinar al mantenimiento de los servicios básicos.
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