En declaraciones a Europa Press, Montero, quien asegura que no sospechaba esa decisión "unilateral", lamenta que el Gobierno "llevaba retraso a la hora de convocar la Comisión Delegada de Asuntos Económicos para abordar el FLA, de manera que "llevaban retrasando aprobar el cronograma del FLA, achacable a que hubiera o no presupuestos".
Ha añadido que ya comunicaron las comunidades que ese retraso "podría provocar tensiones de tesorería", dejando claro la consejera que en el caso andaluz "las veníamos controlando y ni había problemas con los períodos medios de pago".
Montero ha explicado que ha sido la secretaria general de Financiación Autonómica del Gobierno Belén Navarro, la que llamó por teléfono a la consejera para comunicar que "eliminaba" el compartimento del FLA destinado a las comunidades cumplidoras, a través del Fondo de Facilidad Financiera, que permitirá el interés cero, pero lamenta que "no ha habido ni reunión del CPFF ni del Consejo de Ministros, la Secretaría de Estado se ha puesto en contacto con las comunidades autónomas para decir que no van a existir esas condiciones de facilidad financiera".
Lamenta que la secretaria general "no ha dado explicaciones que resultasen convincentes, aludía que la regla de gasto no está incorporada, pero no entendemos muy bien por qué se toma esa medida y de esa manera".
"Se eliminaba esa ventaja y ese incentivo incluido en el Fondo de Facilidad Financiera", ha aseverado la consejera, quien rechaza esa medida "que aunque parezca que no es tan importante en términos anuales, pero sí suponía un incentivo al cumplimiento".
Montero critica que el Gobierno "se ahorra esas cantidades, algo que puede hacer, y hay un cambio de actitud del Gobierno, antes y después de las elecciones autonómicas, y encima vuelve a ningunear a las comunidades autónomas".
Ha indicado que en breve se va a reunir la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, pero cree que se debería reunir "de manera inmediata y con urgencia" el CPFF para que "dé explicaciones sobre esa decisión unilateral", que constituye "una imposición directa". "Es importante explicar los motivos y aquí no se ha hecho", asevera Montero, que pide que "al menos nos cuenten por qué lo han hecho".
"Creo que ellos tuvieron una primera intención de ofrecer cierta facilidad financiera, pero se han topado con una normativa que les impide y han decidido poner el tipo FLA, dejando sin efecto el beneficio económico", ha aseverado la consejera, de manera que "ahora da igual estar en el FLA o en Facilidad Financiera".
Considera que el Gobierno "sigue sin enterarse de que la situación financiera de las comunidades es crítica y no hay calendario en marcha, y ahora a las cumplidoras, que tenían esos recursos adicionales a tipo cero, también se les suprime esa financiación".
La consejera, que esperaba que haya "margen y capacidad para negociación política en ese asunto", recuerda que "es una competencia de la Comisión Delegada, por lo que nosotros no nos podemos negar a aplicar esa imposición". No obstante, se analizará la decisión "con detenimiento" para ver si "hay algún instrumento legal que permita defender los intereses de la comunidad".
"Tememos que se ha utilizado el FLA como mecanismo coercitivo" ha aseverado Montero, quien cree que el Gobierno central "está invitando a las comunidades a irse del FLA y explorar mecanismos del mercado para encontrar financiación; nos quiere echar del FLA, pero esas no son las formas".
Ha recordado que las comunidades "desde hace tiempo estamos explorando las condiciones del mercado para ver qué tipos son compatibles con la salida del FLA". "Podía haber sido más sencillo si hubiera hecho un planteamiento a las comunidades para que pudieran salir al mercado financiero, convocándonos a todas las comunidades, y haber allanado los mercados por parte del Gobierno para que pudieran existir ofertas beneficiosas".
"Éstas no son las formas de hacerlo, echándonos y que nos busquemos la vida", ha aseverado Montero, quien insiste en que el CPFF "es el ámbito natural donde se debe discutir esas cuestiones", por lo que cree que es "urgente la convocatoria del CPFF para ver este tema, y para que se hable del modelo de financiación autonómica".
"INSENSIBILIDAD" DEL GOBIERNO
Tras recordar otras decisiones "unilaterales" que afecta a las comunidades autónomas "y no se ha informado dentro de los mecanismos de interlocución, como ha pasado con el cupo vasco, advierte de que la situación genera desconfianza entre las comunidades autónomas".
"El Gobierno no quiere someterse al CPFF porque sabe que las comunidades vamos a discrepar", asevera la consejera, quien advierte de que "el Gobierno está perdiendo sensibilidad hacia las comunidades
Sobre los efectos de esta medida, Montero recuerda que "en tres años es una cifra importante cuando hablamos de comunidades infrafinanciadas, cantidades en relación con la cantidad de recursos".
"Supone un agujero importante, que denota la insensibilidad del Gobierno sobre financiación de las comunidades; cuando cualquier recurso es importante para cumplir el objetivo".
Además apunta que el Gobierno central "no se entera que los recursos que piden las comunidades autónomas es para garantizar los servicios públicos", de manera que "menos recursos disponibles para las comunidades autónomas suponen menos recursos para sanidad o dependencia". No obstante, deja claro que "no habrá ningún tipo de recorte" en Andalucía tras esa medida.
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