Madrid, 25 ene.- La Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA) considera imprescindible que, si el Gobierno no va a crear el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), genere alternativas al mismo que protejan a los menores de las vulneraciones de la Ley que cometen programas como "Sálvame" (Telecinco).
La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer, en su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso, que el Gobierno no va a crear el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), entre otros motivos por razones de ahorro.
El CEMA estaba previsto como un órgano independiente para vigilar el cumplimento por parte de las cadenas de televisión del código de autorregulación aprobado por ellas y que está previsto en la Ley Audiovisual.
Tras conocer la decisión del Gobierno en el último consejo de Ministros, CONCAPA ha difundido un comunicado en el que "exige la puesta en marcha de alternativas concretas que suplan la función de esta entidad, puesto que resulta imprescindible conseguir una televisión de calidad y respetuosa con los menores que no degrade la formación de nuestros hijos".
"Los reiterados incumplimientos de muchas cadenas de televisión a la Ley General Audiovisual de 2010 en materia de protección del menor, hace indispensable la puesta en marcha urgente de iniciativas que permitan sancionar eficazmente a las cadenas televisivas que incumplan la ley o que emitan programas para adultos -con contenidos obscenos, violentos o denigrantes- en horario de protección infantil", añade CONCAPA.
"Es el caso de programas como "Sálvame" (Telecinco) que, según los datos del Sexto Informe de Evaluación sobre la aplicación del Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia, es el programa con más denuncias", concreta el comunicado.
"La decisión de no crear el CEMA, como parte de la política de ahorro del Gobierno, tiene que venir acompañada de medidas que amparen la protección audiovisual de los menores", considera CONCAPA.
Además, solicita también a las empresas anunciantes que "exijan a las cadenas el cumplimiento de la Ley General Audiovisual y apuesten por contenidos de calidad, renunciando a publicitar sus productos en cadenas que no sean respetuosas con los menores o infrinjan la legalidad".
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