La AN aplaza la decisión de reducir la pena a 293 etarras sin delitos de sangre

La Audiencia Nacional ha aplazado sin fecha el pleno que iba a celebrar este viernes para decidir si reduce la pena a 293 condenados por terrorismo sin delitos de sangre, aplicándoles de forma retroactiva la reforma del Código Penal que permite reducir en uno o dos grados la pena en esos casos.

De esta manera, el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha decidido posponer por cuestiones de agenda la reunión para analizar este asunto al próximo pleno que se convoque.

En la última modificación del Código Penal, que entró en vigor el pasado 1 de julio, el artículo 579 bis 4 permite la revisión de sentencias firmes para aplicar una reducción de las penas en uno o dos grados, cuando el hecho sea objetivamente de menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado producido.

Hasta el momento, este artículo se había aplicado en casos juzgados recientemente, como en el juicio a la cúpula de Batasuna o a cinco miembros de Ekin en Navarra. En los dos casos, aplicar este artículo supuso reducir de 10 a 2 años las condenas de los acusados por lo que pudieron eludir su ingreso en prisión, aunque para ello debieron renunciar explícitamente a la violencia.

Una veintena de magistrados que componen el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional serán los encargados de tomar una decisión que implicaría, de hecho, que 293 condenados por terrorismo, aunque sin asesinatos a sus espaldas, redujeran sus condenas y fueran puestos en libertad.

Para ello, escucharán las ponencias de la presidenta de la sección segunda, Concepción Espejel, de perfil conservador y favorable a mantener las condenas, y del juez de la sección primera, Ramón Sáez Valcarcel, progresista y defensor de la reducción de las penas.

Además, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha asegurado " no se puede aplicar el subtipo atenuado" en los casos relativos a terroristas de ETA.

Por último, algunos de los jueces de la Sala de lo Penal apuestan por que sea el Tribunal Supremo quien se pronuncie en primer lugar y siente la jurisprudencia que marque la línea de actuación oficial.