Ha criticado "la profunda sensación de inseguridad generada entre trabajadores, pacientes y en la propias instituciones catalanas", y ha destacado que se hace en un momento crítico de restricciones presupuestarias por parte de pacientes y proveedores privados del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut).
Según Aspe, la ideología se ha puesto por encima de la lógica y de la salud de los ciudadanos, un "derecho constitucionalmente reconocido que debería protegerse y garantizarse sin interferencias políticas o prejuicios ideológicos".
Así, considera que la sanidad "no puede verse inmersa en un debate continuo sobre cuestiones distintas a las que realmente importan a los ciudadanos", que son la calidad de la prestación sanitaria recibida.
"Nuestros políticos deben ser inteligentes para saber gestionar todos los recursos de los que disponen, tanto públicos como privados, teniendo en cuenta las necesidades de la sociedad actual y el estado de la calidad asistencial", según la entidad.
Además, considera que también se debe tener en cuenta la libertad de elección del paciente o la accesibilidad y equidad del sistema "por encima de la titularidad del proveedor de los servicios", según Aspe, que aglutina a 600 entidades sanitarias privadas españolas.
Sostiene que los poderes públicos deben actuar guiados por el "absoluto respeto" a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, entre los que se encuentra el derecho a la propiedad privada, y apoyados en valores consagrados en los ordenamientos jurídicos, como la legalidad y la seguridad jurídica.
Aspe ha animado a las administraciones regionales y nacionales a "despolitizar" la sanidad y a priorizar la estabilidad del sistema y la calidad de la atención.
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