CECE-A califica de "inconstitucional" y "empobrecedora" la pretensión de desaparición de la enseñanza concertada

El secretario general de CECE-A, Rafael Caamaño, ha precisado a Europa Press que, en pleno proceso de conjunción de voluntades para llegar a un pacto social y educativo que pueda mejorar la calidad del sistema, con todo lo que ello lleva consigo --igualdad de oportunidades, inclusión, equidad y gratuidad--, "siempre encontramos alguna voz disonante".

La misma pretende "rupturas, prohibiciones y enfrentamientos carentes de sentido y contrarios a nuestro propio ordenamiento jurídico, que, como bien conocemos todos, preconiza un sistema educativo plural, donde la demanda social sea tenida en cuenta por las administraciones educativas para la programación de los puestos escolares, debiéndose atender a las disponibilidades presupuestarias y la eficiencia en el uso de los recursos públicos".

Para Caamaño, el sistema educativo andaluz está necesitado de un "amplio" consenso para adaptarlo a los nuevos retos que exige la sociedad actual, "globalizada y competitiva", empezando por la formación inicial y continua del profesorado, adaptación a las nuevas tecnologías, autonomía pedagógica, organizativa y de funcionamiento de los centros educativos.

"Todo ello --prosigue-- contando con los mimbres que tenemos, que no son otros que unos límites presupuestarios, una obligación de ofertar puestos escolares para todos los alumnos de manera gratuita, que garantice el derecho a la educación de todos los ciudadanos, y el derecho de los padres a que su hijos reciban la educación que esté de acuerdo con sus propias convicciones. También nuestro sistema propugna la libertad de enseñanza que abarca tanto a los padres como a la sociedad, para la creación de centros docentes distintos de los creados por los poderes públicos, que oferten enseñanza gratuita".

Por ello, CECE-A se opone a la consideración de la escuela como un "monopolio educativo del Estado, en donde la voz de los destinatarios no se tenga en cuenta ni siquiera en la planificación de los puestos escolares", y a querer implantar un único modelo pedagógico, en donde todos los proyectos educativos sean iguales.

En opinión del colectivo, "no se defiende a los centros de titularidad pública, que son de todos, proponiendo la desaparición de una enseñanza como la concertada, que conforma junto con la pública una red complementaria que permite el ejercicio de un derecho de los padres que tiene rango constitucional". "No es éste el mejor recorrido para el tan ansiado pacto social y educativo nacional y autonómico que todos deseamos y que, sin duda, de alcanzarse repercutirá directamente en el interés de todos los alumnos y sus familias", apostilla.