El ministro de Justicia de Colombia reconoció este sábado la responsabilidad del Estado por la "masacre" que sufrió la localidad de Trujillo (Valle del Cauca, oeste) entre 1988 y 1991, en el marco del conflicto armado que azota el país hace más de medio siglo.
"No olvidamos los graves sucesos ocurridos hace 24 años en Trujillo y como Estado hoy pedimos perdón", dijo el ministro Yesid Reyes en un "acto público de reconocimiento de responsabilidad" en esa localidad, epicentro de la violencia paramilitar y donde también actuaron guerrillas de izquierda y fuerzas públicas, con fuertes consecuencias sobre la población civil.
Entre el 28 de octubre de 1988 y el 5 de mayo de 1991, los habitantes de Trujillo sufrieron amenazas, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, según el ministro de Justicia.
"Sabemos que nada puede reemplazar a sus familiares o reparar el dolor que ustedes han sentido. Sin embargo, esperamos que esta declaración los resarza de alguna manera", afirmó Reyes ante medio millar de víctimas y familiares conmovidos.
Antes de su discurso, el ministro hizo un recorrido por el parque Monumento, un sendero sobre la ladera de una montaña en honor a las víctimas, donde se encuentran osarios que contienen, en unos casos, restos de fallecidos y, en otros, pertenencias de desaparecidos como ropa o zapatos. A lo largo del camino, también se suceden fotografías hasta llegar al mausoleo del padre Tiberio Fernández, sacerdote emblema del pueblo torturado y descuartizado por paramilitares.
Con la petición de perdón, el gobierno respondió a las familias que esperaban una reacción del Estado desde hace más de 20 años. El ministro se comprometió también a cumplir con todas las medidas de reparación para la comunidad solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El monumento de Trujillo representa simbólicamente las tumbas de las víctimas que, durante la etapa más dura de la violencia en la zona, nunca regresaron y fueron, en muchos casos, arrojados al río Cauca.
"El perdón es bueno porque si no, uno no avanza, pero con eso no vamos a recuperar los hijos", dijo a la AFP María Edilia Payán, madre de Jonathan Alberto Uscategui, desaparecido por paramilitares en 2004, cuando tenía 18 años.
"Para mí los culpables son los paramilitares, pero la culpa también la tiene la ley: sabían que estaban allí y no hacían nada", agregó esta mujer "con depresión crónica" que sembró su propio árbol en honor a los que no volvieron y que bautizó como "la sombra de los desaparecidos".
Además de Trujillo, los municipios vecinos de Bolívar y Riofrío, también vivieron un "escenario de violencia múltiple" que se extendió de 1988 a 1994 y que dejó entre las tres localidades 342 víctimas de homicidio, tortura y desaparición forzada, según el Centro Nacional de Memoria Histórica.
El organismo estatal considera que quedaron impunes casos de masacres y torturas que llegaron a incluir "el uso de motosierras para desmembrar aún vivas a las víctimas, los hierros candentes introducidos en los cuerpos y la aplicación en las heridas abiertas".
El conflicto colombiano al que el gobierno de Juan Manuel Santos busca poner fin con diálogos de paz con las guerrillas FARC y ELN comenzó como una sublevación campesina en los años 1960 y deja ya 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,8 millones de desplazados.
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