"Comprometió su administración al servicio de intereses del grupo subversivo, que lo apoyó para lograr su cargo, amarrando así la contratación pública de forma consciente y voluntaria, en tanto que, como se vio, era la forma en que el ELN operaba en la zona, para cobrar su patrocinio político y beneficiarse económicamente", indica el fallo.
El tribunal considera que el mandatario actuó de forma contraria a los intereses de la población, "vulnerando además los principios de contratación pública", ya que "las pretensiones del grupo guerrillero se antepusieron al interés general", según informa el diario colombiano 'El Espectador'.
En concreto, se trata de los contratos para la construcción de la segunda etapa del alcantarillado sanitario del barrio El Estero, en el municipio de Cravo Norte (Arauca); la construcción del terraplén de la vía Puerto Rondón; y la pavimentación de varias vías en el municipio de Fortúl.
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