El acuerdo, que también se ha rubricado entre el Govern y el Consell de Ibiza (con una aportación de 4.000 euros), va destinado a financiar programas y talleres educativos dirigidos a jóvenes a los que se les ha impuesto una medida judicial alternativa al internamiento, según ha informado el ejecutivo autonómico en un comunicado.
Entre las medidas judiciales no privativas de libertad están las prestaciones en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas, tratamiento terapéutico de deshabituación del consumo de sustancias, reparación extrajudicial del daño, asistencia a un centro de día, permanencia de fin de semana, la libertad vigilada o la convivencia con otra persona, familia o grupo educativo.
Con la firma de estos convenios se facilita el acceso de los jóvenes infractores a programas y talleres específicos en materia de resolución de conflictos, consumo de drogas, orientación laboral o talleres de educación afectivo-sexual.
En este sentido, está prevista la realización de hasta cuatro talleres educativos, de cinco sesiones por taller, en cada una de estas áreas.
Según han explicado desde el Govern, la experiencia demuestra que determinados programas, talleres educativos y servicios y recursos sociales que son objeto de esta colaboración suelen tener efectos muy positivos como generadores de un proceso de reflexión crítica de los menores o jóvenes ante su conducta y para que asuman el compromiso de respeto de los bienes jurídicos ajenos.
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