La Defensoría, que hace seguimiento de la tregua, ha destacado el cumplimiento del alto el fuego por parte de la guerrilla, ya que "durante este período no se registraron hostigamientos, ni ataques armados contra estaciones de Policía y guarniciones militares, ni atentados contra la infraestructura petrolera, vial y eléctrica del país".
En cualquier caso, el organismo alerta de que la población civil sigue viviendo situaciones de riesgo, como "la extorsión, amenazas y el desplazamiento forzado". De esta forma, recuerda que pese a la reducción o eliminación de las acciones de ofensiva militar, los civiles siguen siendo víctimas del conflicto en Colombia.
El informe presentado por la Defensoría del Pueblo indica que las comunidades indígenas son las que sufren con mayor rigor el impacto de las actividades de las FARC, tal y como informa la emisora colombiana Caracol Radio, que añade que hay autoridades locales que han denunciado un "recrudecimiento" de las extorsiones por parte de presuntos miembros de la guerrilla.
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