Se trata de una tesitura "difícil", concerniente sobre todo a los menores acompañados que llegan a las costas españolas y, concretamente, las andaluzas, según ha precisado Becerril a los periodistas en el Parlamento andaluz. En 2016 arribaron 96 a España, con un incremento respecto al año anterior, cuando se registraron casi 60.
A raíz de una visita a los escenarios donde se reproducen estos conflictos --donde "se pone en evidencia la tragedia más importante", la de una persona adulta posible víctima de trata y, como derivado, la del niño que va con ésta--, en 2013 se iniciaron estas reuniones para intentar armar un protocolo con el que solucionar estas tesituras.
"Es una realidad dura y compleja, que nos desborda, y es bueno que reflexionemos juntos", ha afirmado Maeztu, que apunta a los principales problemas que registran estos casos, como la falta de certeza de las condiciones en las que llega la persona adulta. A veces son las propias madres de los menores, otras son familiares con lazos de afectividad, y otras los adultos vienen pagando una deuda de control de países del África subsahariana acompañados de un menor.
Aunque se empezaron a dar pasos, que han llevado, por ejemplo, a que el niño ya no sea considerado únicamente como extranjero, se le haya visibilizado y se establezca un registro para una posible devolución, hay problemas principales como la pérdida de rastro de madres embarazadas, en situación "muy arriesgada", o de los propios menores.
Para el Defensor del Pueblo Andaluz, el "núcleo" de la cuestión reside en saber si hay indicios suficientes de que están en riesgo de trata, pues la "incertidumbre" provoca muchas problemáticas respecto a personas que "vienen con consignas, sometidos, y la mafia los sigue controlando a cierta distancia". También es importante la coordinación para "no quitar un niño que a lo mejor no deberíamos quitar".
EVITAR LA DESAPARICIÓN
La idea central es armar un instrumento normativo "para que todos sepan lo que tendrían que hacer juntos al objeto de que la madre no desaparezca", teniendo posibilidad de proteger a esas mujeres ante mafias que traen niños para la explotación laboral y sexual y someten a esas adultas a violaciones "constantes" que pueden provocar su embarazo.
Con todo, recuerda Maeztu, "somos una institución de derechos y garantías, y debemos tener indicios suficientes: estas reuniones son muy importantes para visibilizar la situación" de 'niños ancla', utilizados para que las madres se queden y que luego desaparecen rumbo a otros países de Europa o Asia.
Entre los objetivos deseables de alcanzar en la coordinación con los órganos y administraciones implicados, Becerril cita el estudio de la mejor forma de acogida, un registro con mayor seguridad, la comunicación a las redes de alerta de la Unión Europea, acciones para no perder a estas personas, una atención adecuada, acoger y acompañar debidamente a menores, buscarles una salida y evitar que puedan caer en manos de las mafias.
"Parte de esas familias vienen en manos de redes que les proporcionan un itinerario con dinero y a costa de muchos males", sostiene la Defensora del Pueblo, que agrega que siempre se intenta llegar a saber si son realmente familia, si bien "son personas que llegan sin identificación alguna, y tanto la determinación de la edad como las pruebas de ADN son muy costosas y no todo el mundo se somete a ellas".
Para finalizar, ha explicado que si se determina que hay menores vulnerables o en riesgo es necesario tomar precauciones, aunque ello no quiere decir que se les aparte de la madre, sino establecer medidas de apoyo, protección y supervisión.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios