- Considera que no existe un “derecho al hijo” que justifique un hipotético derecho a la maternidad subrogada. La Fundación Jérôme Lejeune considera que “por los numerosos problemas de carácter médico, ético y legal que plantea la maternidad subrogada” es necesario “un debate profundo en España previo a la legislación” sobre la cuestión y una reflexión “interdisciplinar, ponderada y rigurosa” de las autoridades públicas, para que busquen “en primer lugar el bien del menor, y no que éste quede supeditado al derecho de los comitentes y a su decisión”.
En un comunicado en el que difunde el informe ‘Maternidad por subrogación’, elaborado por su Cátedra de Bioética, la organización pidió este viernes que el debate no responda “sólo a necesidades políticas inmediatas o al interés de una de las partes (los comitentes), sino que tenga en cuenta el conjunto de personas cuyos cuerpos y vidas están en juego”, en referencia a la gestante, ”y, sobre todo, la del más vulnerable, el menor gestado”.
“La maternidad por subrogación es, inequívocamente, una nueva forma de explotación neocolonial de la mujer, contraria a la dignidad humana, pues utiliza el cuerpo femenino, y toda su persona, como un objeto de negocio, incluso en el caso de ejercerla altruistamente”, sostiene.
Pero, incluso cuando parte de un modo “altruista” y su práctica sea legal en algunos países, el vientre de alquiler “constituye en último término un proceso precedido de una transacción económica o en el que se acuerda un pago periódico durante la gestación, ya sea en concepto de compensación o para la cobertura de costes sanitarios”.
"DERECHO AL HIJO"
El documento también sostiene que el alquiler debe hacerse con cosas y no con seres humanos y que “no existe un ‘derecho a la procreación’ ni, por tanto, un ‘derecho al hijo’ que justifiquen un hipotético derecho a la maternidad subrogada”.
Entre las propuestas que hace la fundación también se abordan otros puntos relativos a que la maternidad subrogada elimina el carácter íntimo e interpersonal de la gestación, que se perjudica el derecho del hijo a conocer a sus padres biológicos y que, en muchos casos, los bebés con enfermedades o discapacidad gestados de este modo acaban siendo rechazados por quienes encargaron su gestación.
LA FUNDACIÓN JÉRÔME LEJEUNE PIDE A LOS POLÍTICOS QUE PRIORICEN EL BIEN DEL MENOR EN LOS VIENTRES DE ALQUILER
NOTICIA
10.02.2017 - 00:00h
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