Estas actuaciones son derivadas del plan de inspección impulsado por el Ejecutivo, con el que establecieron las líneas de trabajo que se llevarán a cabo entre 2016 y 2018.
Este plan se hace en coordinación con la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios y con Salud Pública, analizando cada una de ellas lo que atañe a sus competencias.
El secretario general técnico de Ciudadanía y Derechos Sociales, José Antonio Jiménez, ha explicado que la puesta en marcha de este plan ha motivado a lo largo de 2016 el cierre de 14 residencias de mayores que, por voluntad propia, han decidido clausurar el negocio porque no podían cumplir con los requisitos de atención y calidad establecidos por el Gobierno de Aragón.
El plan extraordinario de regularización puesto en marcha por el Ejecutivo para que aquellos centros que no cumplían los requisitos, sobre todo los administrativos como las licencias, motivó que 18 solicitaran su regulación presentando planes de mejora.
Fueron aprobados los planes de regularización de 13 de ellos y a los otros cinco se les transmitió un requerimiento de cierre que está pendiente.
CIERRE Y APERTURA
A raíz de las inspecciones, se han acordado requerimientos de cierre y apertura de expediente sancionador a otros cuatro establecimientos, alguno de ellos por haber iniciado su actividad durante el ejercicio 2016 sin la autorización previa. En estos supuestos la propuesta de sanción es de 40.000 euros y cierre definitivo.
En cuanto a las inspecciones llevadas a cabo, algunas fueron motivadas por requerimientos o expedientes previos, para comprobar los cierres acordados o para atender a las quejas formuladas por los usuarios en cuanto a la calidad del servicio. De las 185 visitas, 17 se llevaron a cabo en la provincia de Huesca, 65 en la Teruel y 103 en Zaragoza.
En Aragón hay actualizados 42 centros de día y 36 residencias para personas con discapacidad, 35 centros de día y 155 residencias para personas mayores.
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