Los convenios, rubricados con CEOE, Cepyme, la Cámara de Comercio de España, la Federación Española de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), permitirán, a través de la reducción de las cargas administrativas, elevar progresivamente la calidad de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía y a las empresas.
Con el fin de identificar estos obstáculos y concretar las propuestas, se desarrollarán jornadas con los interesados en distintos puntos de la geografía española, en las que éstos tendrán oportunidad de trasladar directamente a la Administración cuáles son las barreras más importantes que encuentran y sus propuestas de solución.
La colaboración entre la Administración General del Estado y las organizaciones empresariales y sociales se remonta a 2008 y desde entonces se han analizado 912 propuestas presentadas en los diferentes convenios. En torno al 49% de ellas, unas 447, se han incluido en una decena de acuerdos de Consejo de Ministros, implantándose en el marco normativo y administrativo.
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