LA MITAD DE LOS JÓVENES TUTELADOS LLEGAN A LA EDAD ADULTA EN SITUACIÓN DE PRECARIEDAD

En España hay 35.000 niños y jóvenes que viven bajo el sistema de protección de menores y casi la mitad de ellos llegan a adultos en situación de precariedad y sin apoyo familiar. Por ello, la red estatal de ONG Jóvenes e Inclusión pidió este jueves que se amplíe la protección a la juventud tutelada y extutelada hasta los 25 años.
Según el estudio 'Jóvenes que construyen futuros: de la exclusión a la inclusión social', realizado junto a cuatro universidades y presentado este jueves en la sede del Injuve en Madrid, el 46,9% no cuenta con apoyo suficiente y en igualdad para aspirar a un futuro.
Por eso, Carlos Rosón, en nombre de la red, pidió "igualdad de oportunidades" para la población más vulnerable y que no haya diferencias en las ayudas y programas dependiendo de la comunidad autónoma donde se viva.
La presidenta del Consejo de la Juventud de España (CJE), Julia Chica Linares, pidió a los jóvenes que se involucren "para tener incidencia política" y recordó que con la crisis “ha evolucionado” el perfil de la población que más sufre la exclusión social: “Primero fueron los pensionistas, luego la infancia y ahora son los jóvenes”, recalcó.
MÁS RIESGO DE POBREZA
De hecho, el estudio subraya que la juventud española de entre 16 y 29 años constituye la franja de población con mayor riesgo de pobreza y exclusión y que la tasa ha aumentado hasta el 38% en 2015, dos puntos más que el año anterior. Dentro de esa franja, la juventud tutelada y extutelada presenta una mayor vulnerabilidad.
Así, mientras la edad media de emancipación en España es de 29 años, la mitad de los chicos que han vivido en centros de protección no han logrado el título de la ESO, por lo que sus posibilidades de construirse una vida con ciertas garantías disminuyen mucho.
En este contexto, los autores del estudio se hicieron eco de las conclusiones de su investigación a modo de “recopilación de propuestas” para que tengan “consecuencias políticas”.
Esas peticiones incluyen, además de mantener y continuar los apoyos más allá de los 18 años, que se refuerce y unifique en todo el Estado el marco normativo y que mejore la coordinación interdisciplinar e interinstitucional para evitar “situaciones esperpénticas” a la hora de ayudar a estos jóvenes.
La participación de los jóvenes para tomar las decisiones que les afectan, una solución intermedia a la inserción laboral y la educación y la promoción de “competencias familiares” son otras de las conclusiones alcanzadas por los expertos.