MADRID. TRES MILLONES PARA LA AGENCIA PARA LA TUTELA DE ADULTOS

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó hoy un gasto de 3.074.898 euros como aportación en 2017 al fondo patrimonial de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA), según explicó su portavoz, Ángel Garrido, quien señaló que esta decisión “permitirá seguir protegiendo a las personas que han sido incapacitadas judicialmente por diversos motivos”.
Garrido informó de que esta aportación, que supone el 50% de la dotación presupuestaria consignada para 2017, se considera necesaria, inicialmente, para atender las necesidades de financiación de la AMTA, sin perjuicio de que a lo largo del presente ejercicio, en función de las necesidades de financiación de la citada agencia, sea precisa una nueva aportación.
Explicó que la AMTA es un ente público con personalidad jurídica propia, dependiente de la Comunidad de Madrid, que se encarga de prestar la asistencia y protección social y jurídica a aquellas personas que han sido incapacitadas judicialmente (o están en proceso de incapacitación) y que residen en la región.
En 2016, indicó, el Gobierno regional aprobó un incremento presupuestario del 36% en la AMTA, hasta los 6,15 millones de euros, destinado tanto a incremento de personal, fundamentalmente en el área social, como a la implantación de nuevos modelos de intervención social a través de programas específicos diferenciados por los perfiles de las personas tuteladas, contando con la colaboración de entidades especializadas del Tercer Sector.
Señaló que la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos es la entidad pública tutelar más grande de España y dijo que en la actualidad gestiona 2.575 tutelas permanentes, 41 tutelas provisionales, 367 curatelas y 58 administraciones provisionales.
Asimismo, afirmó que el perfil de las personas que usan el servicio de tutela de la citada agencia es un 54% mujeres y un 46% hombres, con una edad media de 60 años, y destacó que si se analizan las causas de incapacidad, la variedad de circunstancias existente requiere un conocimiento específico y una intervención social diferente en cada caso.
En cuanto a la capacidad económica, manifestó que las personas tuteladas apenas tienen recursos económicos y casi el 65% tiene menos de 10.000 euros anuales. “Se trata de personas que no tienen recursos, a las que no solo hay que gestionarles plaza pública sino que también cualquier gasto que necesiten tiene que ser apoyado por la Comunidad de Madrid”, concluyó.