Para la magistrada, no existe la "más mínima duda" del lugar donde aparecieron ambos cuerpos, en las vías. Además, critica que "intentar rodear de misterio la aparición del cuerpo del maquinista en las vías carece de toda lógica".
Así consta en un auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en el que la magistrada también rechaza la solicitud del letrado que representa a las víctimas agrupadas en la Asociación Víctimas del Metro 3 de Julio (AVM3J), para que testifique uno de los forenses, que también compareció en la Comisión del parlamento valenciano.
Se trata, según señala la jueza, de diligencias "innecesarias" por cuanto nada tienen que ver con el objeto del procedimiento judicial, que se centra en determinar las "hipotéticas responsabilidades penales derivadas de la posible falta de medidas de seguridad exigibles en el sector ferroviario" en que podrían haber incurrido los trabajadores de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) con competencias en materia de seguridad.
"Es evidente y palmario que las declaraciones que solicita la parte en nada van a incidir sobre el objeto central de la investigación", recoge la resolución, en la que, además, se acuerda deducir testimonio contra la doctora del SAMU para que otro juzgado investigue si, con sus declaraciones, ha cometido un delito contra las Instituciones del Estado previsto en el artículo 502.3 del Código Penal".
"NO ESTABAN EN LA CABINA"
La jueza considera que "no existe la más mínima duda del lugar donde aparecieron los cadáveres". Señala que "no estaban en la cabina", "que los cuerpos de ambos trabajadores de FGV salieron despedidos", como "reflejan las lesiones de ambos" y basa estas afirmaciones en los informes elaborados por la Policía y en la "contundencia" del testimonio de dos supervivientes del siniestro quienes en su declaración en el Juzgado aseguraron que no había nadie en la cabina.
Sobre las declaraciones de estos, la instructora apunta que "sobran comentarios ante la contundencia de las manifestaciones de las propias víctimas del accidente".
"Cuestionar sin base objetiva los informes técnico policiales --a cuyos intervinientes se les está atribuyendo la comisión de un delito de falsedad documental-- puede suponer como mínimo una falta de responsabilidad y respeto, si tenemos en cuanta el duro, agotador y penoso trabajo que llevaron a cabo los agentes", destaca la magistrada.
Según los planos de la Policía, el cadáver de la interventora estaba a 65 metros de la cabina de la unidad siniestrada y el del maquinista, a 75.
Al respecto, señala que "resulta totalmente inverosímil la idea de que bomberos y policías, antes de que compareciera la comisión judicial autorizando el levantamiento de los cadáveres, hubiesen procedido por propia iniciativa a sacar los cuerpos de la cabina, recorrer con ambos 65 y 75 metros respectivamente, para seguidamente levantar otros cuerpos y colocarlos debajo, en medio de una situación extrema de heridos y muertos, con un entorno muy complicado debido a la posición del vagón, la inundación de las vías, la falta de luz... y todo ello sin ningún tipo de fin concreto, dada la intrascendencia que tiene el lugar donde pudieran aparecer los cadáveres".
"RODEAR DE MISTERIO LA APARICIÓN DEL CUERPO"
En la resolución, la jueza critica que "intentar rodear de misterio la aparición del cuerpo del maquinista en las vías carece de toda lógica".
La instructora destaca que "la ventana de la cabina donde se encontraba el maquinista se desprendió como las restantes ventanas del lateral izquierdo por el rozamiento con las vías" y "el hueco existente es el suficiente para permitir la salida al exterior de un cuerpo de complexión normal y mas en las circunstancias de arrastre y vuelco de la unidad".
De igual forma, sostiene que "tampoco es descartable, como indicó el Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía, que el maquinista, una vez consciente de haber perdido el control del tren, se dirigiera hacia el vagón y saliera despedido por una de las ventanas del mismo".
Respecto del forense, cuya declaración solicitó el abogado de la Asociación tras cuestionar en la comisión parlamentaria la forma en que se levantaron los cadáveres y se realizaron las autopsias, la magistrada rechaza la práctica de esta diligencia porque "no estuvo presente en los levantamientos de cadáver por lo que poco o nada de interés puede aportar sobre los mismos".
La instructora explica que dicho forense practicó cinco autopsias y que en sus informes "no hizo constar irregularidad alguna", circunstancia ésta por la que considera "llamativo" que "lo que no cuestionó hace diez años, cuando llevó a cabo su trabajo, lo plantee en este momento".
La magistrada asegura también que "plantear a estas alturas de la investigación, transcurridos diez años desde la fecha de la tragedia, cuestiones como la suscitada, tendentes a cuestionar la veracidad de los datos que constan en el procedimiento, intentando generar confusión, sin apoyarse en dato objetivo alguno, no responden a lo que debe ser el objeto de una instrucción penal, sino a consideraciones que exceden de ésta y que entran en ámbitos de actuación diferentes".
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