El PNV favorece que el 15% de los contratos vinculados a sus ayuntamientos vayan a miembros de ETA

Unos 60 antiguos presos de ETA están "integrados en el mundo laboral" o han disfrutado de "contratos eventuales". Así se deprende de los datos de la sociedad Harrera, una organización nacida "para transmitir y garantizar la solidaridad a los presos y refugiados una vez vuelven a su sociedad". El colectivo asistencial nació en junio de 2012, y en la actualidad ayuda económicamente a una treintena de personas, a las que facilita 500 euros al mes.

Esta agrupación está coordinada por el ex preso de ETA y excandidato a lehendakari por Herri Batasuna Juan Karlos Ioldi y reconoce mantener, una "fluida relación tanto con el Gobierno vasco como con el PNV". Tanto es así que han suscrito convenios con algunos ayuntamientos gobernados por los nacionalistas, según los cuales las empresas que prestan servicios para ellos están obligadas a dedicar el 15% de los contratos a combatir la exclusión social, lo que en la práctica se resume en contratos para antiguos miembros de la banda criminal.32 presos de ETA reciben 500 euros mensuales

Según explica Ioldi en El Correo, "la vivienda y la búsqueda de un empleo constituyen dos de los principales problemas de los antiguos etarras excarcelados. Harrera también se encarga de gestionar su atención médica una vez que obtienen la libertad. Una docena de ellos recibe en la actualidad ayuda psicológica, mientras que los tratamientos más habituales tienen que ver con la visita a odontólogos y oftalmólogos, según los responsables de esta asociación", comenta.

Por otro lado, esta organización se encarga de ayudar en la actualidad a 32 antiguos presos, aunque desde su fundación ha mantenido a 132. Estas personas perciben en torno a 500 euros mensuales, que se financia a través de las cuotas de sus 2.500 socios, que rondan los 60 euros anuales.

El grupo vinculado a los presos de ETA que ha iniciado una campaña para captar nuevos socios porque creen que con la nueva estrategia de los terroristas con respecto a la población reclusa, en poco menos de un año duplicarán el número de terroristas a los que deberán ayudar. Según publica El Correo, la izquierda abertzale calcula que antes de 2020 la mitad de la actual población reclusa -la banda criminal contabiliza algo menos de 400 internos en la actualidad- estaría en disposición de disfrutar de estancias fuera de la prisión.

En este sentido, el pasado lunes, el secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, animó a los ayuntamientos del PNV a "favorecer la resocialización de los exreclusos a través de los servicios sociales de base".