En un comunicado, la portavoz de Educación del PP-A, Marifrán Carazo, ha afirmado que la nueva regulación se quiere imponer "sin dialogar con los agentes implicados y con la intención de implantar un nuevo modelo de financiación". A través de ese modelo, ha subrayado, la Junta "sólo pretende mejorar sus estadísticas de cara a la galería con un aumento de plazas, pero sin pensar realmente qué es lo más conveniente para las escuelas, para las familias y para mejorar la Educación".
Es un decreto que "reducirá las ayudas a las familias, no dignifica al sector ni tampoco garantiza el futuro de las escuelas y de sus trabajadores", ha enfatizado Carazo, quien ha recordado que los convenios en la Educación Infantil de cero a tres años se remontan al año 2002, cuando esa etapa educativa "comenzó a tener un valor considerado", lo cual llevó a la administración andaluza a recurrir a escuelas infantiles privadas para prestar este servicio.
Siete años después, en 2009, se aprobó el decreto por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo educativo, "elaborado sin consultar a los profesionales del sector" y que, pese a que los populares pensaban que sería modificado para corregir sus errores, "no ha sido objeto de ninguna mejora", ha explicado.
Sin embargo, según ha añadido, "lo peor" vino a partir de 2012, cuando la administración autonómica empezó a "incumplir" los derechos que les habían sido reconocidos a las escuelas infantiles con un convenio firmado el 20 de junio de 2011. "A partir de entonces comienza todo a tomar un rumbo catastrófico para la Educación infantil de cero a tres años", ha defendido.
PERJUICIOS PARA EL SECTOR
La parlamentaria ha enumerado algunos de los perjuicios para el sector: eliminación de la bonificación del cien por cien de la cuota del servicio de comedor, congelación del precio de la plaza escolar y del IPC anual "mientras sí que sufrían ese incremento los centros", retrasos sistemáticos de hasta cinco y seis meses en el abono de la paga compensatoria de agosto".
A todo eso hay que sumar, según ha relatado, la "postura de acoso de la Agencia Andaluza de Educación" hacia las escuelas infantiles, con inspecciones en horarios "que debilitan la calidad de trabajo sobre los niños, como el de comedor" o hasta la paralización de pagos a centros si no completan una serie de encuestas a las familias que tienen niños allí.
La situación, ha subrayado Carazo, puede empeorar aún más con este decreto-ley, por lo que la proposición no de ley de los 'populares' exige mantener el decreto vigente para este curso, convocar "de manera urgente" a la mesa sectorial para revisar y actualizar la actual normativa, "que es claramente poco ambiciosa e insuficiente".
También demanda el PP-A que se consensue la propuesta resultante con los agentes implicados, que se incremente la dotación presupuestaria de la Educación Infantil "para mejorar la calidad del servicio" y que se garanticen los pagos "en tiempo y forma" para acabar con los retrasos e incumplimientos mencionados.
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