EL PACTO PP-C`S PREVÉ DESTINAR 440 MILLONES ANUALES A LA DEPENDENCIA

El acuerdo de investidura suscrito entre el PP y Ciudadanos prevé destinar 440 millones de euros anuales para la financiación estatal del Sistema de Atención a la Dependencia, lo que supondrá recuperar los recursos anteriores a 2012 dedicados al mismo.
El acuerdo firmado entre ambas formaciones tiene como objetivo "fortalecer" el Sistema de Atención a la Dependencia, con una "gestión más ágil y un mayor énfasis en la prevención". Para ello, apuestan por promover un Pacto de Estado por los Servicios Sociales, consensuado con las comunidades autónomas en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y de la Dependencia.
Al mismo tiempo, el PP y C`s ambicionan destinar 440 millones anuales para la financiación estatal del Sistema de Atención a la Dependencia. De este modo, pretenden recuperar los recursos anteriores a 2012.
El pacto de investidura incluye la apuesta de llevar a cabo, en coordinación con las comunidades autónomas, un proceso "permanente" de evaluación de la Ley de Dependencia para garantizar unos "estándares comunes de calidad", así como el impulso en el marco de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales de la ampliación del Sistema de Atención a la Dependencia a las "enfermedades mentales severas".
También se comprometen a reforzar los programas de prevención de la dependencia, promoción de la salud y de abordaje de la cronicidad a partir del establecimiento de sistemas de control de la eficacia de las políticas de dependencia trasladando sus resultados al Portal de la Transparencia.
Por otro lado, el pacto prevé la promoción de la igualdad de oportunidades de las "personas con diversidad funcional y con su plena integración social y laboral".
Para ello, apuesta por desarrollar la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, adaptando y actualizando el ordenamiento jurídico a los principios de la Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad.
Con este fin, se profundizará en el desarrollo de programas específicos para el fomento de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, regular el uso de la Tarjeta Europea de la Situación de Persona con Discapacidad y priorizar la accesibilidad, especialmente en cuanto a los servicios públicos, y facilitar el ejercicio del derecho al voto.