Estos agentes especializados en la protección de menores intervienen para evitar el absentismo escolar y ante situaciones flagrantes de riesgo y desamparo, siempre y cuando los mecanismos institucionales y familiares no pueden garantizar la protección de los menores en casos de especial conflictividad o gravedad.
Este equipo policial especializado en la protección del menor ha realizado entre enero y junio 92 actuaciones contra el absentismo escolar, un problema que en algunos casos ha concluido con la imputación de los padres o tutores como presuntos responsables de un delito contra los derechos y deberes familiares.
Los agentes llevan a cabo patrullas preventivas en horario escolar para la localización de menores ausentes de los colegios, así como inspecciones periódicas en las zonas en los que el índice de absentismo es más elevado.
En los casos en los que se determina que un menor es absentista, la policía informa a los padres o tutores de la obligación que tienen de velar por la asistencia regular a clase y de las consecuencias, incluso penales, que puede conllevar su incumplimiento.
Cuando se detecta esa situación y el menor se encuentra en compañía de sus progenitores, los agentes lo comunican a la Delegación provincial de Educación correspondiente. Si el menor está solo, la policía lo traslada al centro escolar y lo pone en conocimiento de su dirección, trasladando el caso a los servicios sociales municipales y al fiscal de Protección de Menores por si procede la imputación de sus padres o tutores.
Por otro lado, la Unidad de Policía adscrita a la Junta ha intervenido en 48 traslados de menores acogidos en centros autonómicos de protección, ha realizado 15 informes de protección de menores e intervenido en la retirada de 39 con una resolución judicial o administrativa por encontrarse en situación de riesgo o desamparo. Además, los agentes han puesto a dos personas a disposición judicial.
El grupo de menores de la Unidad dependiente de la Comunidad Autónoma investiga todos aquellos casos que considere necesario el Servicio de Protección de Menores de la Fiscalía, recabando la información necesaria para conocer las condiciones de vida de los menores y poder decidir de esta forma si es necesario adoptar alguna medida de protección y determinando al mismo tiempo cuál es la más adecuada en cada caso.
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