Según afirma, el cierre supondrá un efecto "gravemente lesivo" al "impedir que se pueda dar un proceso de revisión y verdadera concurrencia competitiva puesto que obliga a que todos los plazos para la conformación y revisión de peticiones de proyectos se reduzcan hasta en un 70%, obligando a las entidades sociales, ya mermadas en sus recursos, a tener que realizar gravísimos esfuerzos".
"La estrategia del gobierno carga contra las entidades sociales que, una vez más, van a ver reducidos sus fondos y que perderán la capacidad de ayudar y seguir desarrollando sus proyectos. Vamos a pedir amparo ante la Defensora del Pueblo por esta acción puesto que conculca los Derechos recogidos en la Ley General de Subvenciones y las normativas de procedimiento administrativo" afirma Estanislao Naranjo, del área jurídica de la Red Española de Inmigración.
La Red afirma que está acometiendo una "intensa interlocución con otras entidades afectadas por el cerrojazo presupuestario del Gobierno de Rajoy a los efectos de estudiar la interposición de medidas cautelares que impidan que se lleve a término".
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