San Juan, 8 nov.- Las autoridades de Puerto Rico iniciaron hoy una doble investigación, administrativa y criminal, sobre la conducta de los dos funcionarios que custodiaban a los ocho presos que murieron ahogados el lunes cuando el furgón en el que eran transportados fue arrastrado por un arroyo en el norte de la isla.
El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Jesús González, señaló hoy que los funcionarios que custodiaban a los presos - que llevaban grilletes en manos y pies- podrían enfrentar cargos criminales si se demuestra negligencia en su actuación.
En el hecho, ocho presos de un grupo de diez fallecieron cuando el vehículo de instituciones penitenciarias en el que eran llevados fue arrastrado por un golpe de agua provocado por el desbordamiento de un arroyo en el distrito de Arecibo.
Los otros dos presos del grupo que volvía de unas citas judiciales pudieron ser rescatados.
El anuncio de la doble investigación llega después de que testigos dijeran a medios locales que los dos funcionarios que iban en el furgón se negaron a darle las llaves del vehículo a las personas que trataban de socorrer a los presos.
Joshua Torres, uno de las personas que participó en el rescate, aclaró al diario "El Nuevo Día" que ayudó, primero, a salir del furgón a los dos guardias, pero que no pudo hacer nada por salvar la vida de los reclusos.
"Les pedimos las llaves para abrir el candado de la puerta trasera y sacar a los presos, pero uno de los guardias se negó porque se podían escapar", relató Torres, que añade que en medio del nerviosismo de la situación las llaves se cayeron y se perdieron entre la corriente de agua.
Los familiares de los fallecidos denunciaron hoy la que consideran actuación negligente de los dos funcionarios de prisiones.
El secretario de Corrección y Rehabilitación explicó que el primer paso es el de establecer si los guardias actuaron con negligencia, para después determinar el grado de esta.
Dijo que un posible escenario es el de la negligencia leve, delito de cuarto grado castigado con una pena de entre 3 meses y 6 años; y si la negligencia es considerada más grave, de un nivel de tercer grado, la pena se situaría entre los 3 y los 8 años de cárcel.
Versiones preliminares de la prensa local apuntan a que el conductor del vehículo decidió atravesar un arroyo cuyo cauce había crecido como consecuencia de los fuertes aguaceros registrados el lunes.
El director de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Nino Correa, confirmó el lunes que todos los presos estaban esposados de manos y pies, lo que hizo prácticamente imposible que pudieran nadar.
"Lamentablemente tenían las esposas y eso hizo más difícil la cosa. Sólo dos confinados pudieron ser rescatados junto a otros dos oficiales de custodia", dijo.
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