Albacete sancionará a los clientes y prostitutas que ejerzan en la calle

Albacete, 23 nov.- El Ayuntamiento de Albacete sancionará a los clientes y a las prostitutas que ejerzan en la vía pública con multas que van de los 1.500 a los 3.000 euros, según la nueva ordenanza que tramita el equipo de gobierno y que entrará en vigor a principios de 2012.

La alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod (PP), ha presentado esta mañana en rueda de prensa las novedades de la modificación de la Ordenanza Cívica que tramita el equipo de gobierno y cuyos trámites se prolongarán hasta el pleno del mes de enero.

La nueva ordenanza prohíbe ejercer la prostitución en la calle e incluye sanciones que van desde los 1.500 a los 3.000 euros "tanto a quien ofrece el servicio como a quien lo recibe", ha asegurado la alcaldesa.

Las multas podrán sustituirse por trabajos en beneficio de la comunidad y, además, el Ayuntamiento quiere ofrecer "a las mujeres que lo soliciten un programa de reinserción laboral", ha dicho Bayod.

La alcaldesa ha recordado que el problema de la prostitución en la vía pública afecta a barrios como San Antonio Abad y polígono de San Antón, donde los vecinos han recogido más de 3.000 firmas pidiendo una solución al problema, motivo por el cual se ha optado por la prohibición.

En cuanto a la práctica del 'botellón', la nueva Ordenanza Cívica es más "contundente", lo prohíbe y multará a quienes lo practiquen con sanciones que van de los 121 euros a los 3.000 dependiendo de "la reincidencia y la gravedad de los perjuicios que se causen".

La ordenanza ha tenido en cuenta la experiencia de otras ciudades como Guadalajara, Bilbao y Murcia, y también se cuenta con la posibilidad de que los sancionados realicen trabajos en servicio de la comunidad, ha explicado Carmen Bayod.

La ordenanza actual ya contemplaba la regulación del 'botellón' pero la Policía Local necesitaba "una norma sin ambigüedad", según la alcaldesa, que ha añadido que las multas "no tienen un fin recaudatorio" e incluso el dinero se destinará a programas de ocio para los jóvenes.

La norma, ha asegurado Carmen Bayod, pretende preservar "el derecho al descanso de los vecinos y evitar efectos perniciosos para la salud de los jóvenes".