Asociaciones alertan de que quedarán fuera del sistema público el 97% abortos

  • La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha alertado de que la reforma del aborto "dejaría fuera el 97 por ciento de las interrupciones voluntarias de embarazos que ahora están dentro de la cartera de servicios de la sanidad".

Madrid, 21 feb.- La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha alertado de que la reforma del aborto "dejaría fuera el 97 por ciento de las interrupciones voluntarias de embarazos que ahora están dentro de la cartera de servicios de la sanidad".

En un comunicado conjunto, estas organizaciones destacan que el aborto es un derecho humano internacionalmente reconocido y por tanto que debe desarrollarse como prestación dentro de la sanidad pública, "garantía de equidad en el acceso superando discriminaciones por situaciones socioeconómicas o geográficas".

Sin embargo, la mayoría de las interrupciones se derivan a clínicas concertadas y tan solo el 6,5 por ciento de los abortos se realizan en la sanidad pública, señalan.

Las organizaciones opinan que existe "una gran indefinición" respecto a la objeción de conciencia de los profesionales médicos, a la que podrían acogerse los que no estén implicados directamente en el aborto.

"No se establece que pueda haber el suficiente número de profesionales no objetores para garantizar la realización de las interrupciones de embarazo en los centros", añade.

Para estas organizaciones de defensa de la sanidad pública, la reforma "es una carrera de obstáculos que impediría en la práctica ni siquiera realizar los abortos que puedan acogerse a los supuestos permitidos".

"Cabe preguntarse si no estamos ante una maniobra por la que esos servicios serían concertados con sus acólitos de asociaciones cercanas, sacando de nuevo provecho y lucrándose a costa de los derechos de las mujeres", señalan estas organizaciones.

Calculan que la reforma de la actual ley del aborto dejaría fuera al 97 por ciento de los abortos practicados en la cartera del sistema nacional de salud, por lo que las mujeres que no pudieran "pagarse el aborto en un país cercano" lo harían de forma clandestina.

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