Asociaciones de inmigrantes consideran que el cobro por la sanidad viola derechos constitucionales

La Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (Ferine) y la Federación de Asociaciones de Emigrantes Rumanos en España (Fedrom) consideran que el cobro de más de 700 euros para el acceso al sistema sanitario por parte del colectivo de inmigrantes en situación irregular viola el derecho constitucional a acceder a la sanidad pública, universal y gratuita. Asimismo, creen que esta medida vulnera la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Tratado de la Unión Europea.
Según declaró a Servimedia el presidente de Fedrom, Miguel Fonda, esta medida va claramente en contra de los derechos de los ciudadanos incluidos en la Constitución Española, "porque ciudadano es todo aquel que vive en un país, no sólo el que es nacional, y cuando la Constitución habla de ciudadanos se refiere a los que habitan en él".
Asimismo, el portavoz de Ferine, Gilberto Torres, manifestó a esta agencia que “la imposición del pago de tasas sanitarias a los inmigrantes sin papeles viola diferentes artículos y postulados en materia de derechos incluidos en la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas y en el Tratado de la Unión Europea”.
Ambos portavoces consideraron que “la medida va encaminada a privatizar la sanidad. Lo que verdaderamente está en peligro es el Sistema Nacional de Salud”. “El Gobierno va a empezar privatizando la sanidad a los inmigrantes, pero acabará haciéndolo a todos los ciudadanos autóctonos”, aseguró Torres.
Por su parte, Fonda expuso que “con esta medida no se reforma nada. Las reformas siempre tienen el carácter de mejorar la norma que ya existe, pero aquí no están mejorando nada, sino que lo están adaptando a las necesidades de la deuda pública alemana”.
Asimismo, añadió que la medida “es contradictoria, porque se supone que es para ahorrar pero luego dicen que esta medida es absolutamente irrelevante en el gasto”.
Las dos organizaciones aseguraron que ningún inmigrante en situación irregular podrá hacer frente al pago de 710,40 euros al año por acceder a la sanidad y mucho menos al de los 1.864,80 euros que el Gobierno pretende que abonen los mayores de 65 años, ya que, según indicó Fonda, “es gente que viene en patera o en una situación de precariedad enorme”.
Torres manifestó su preocupación, ya que ”muchos inmigrantes sin papeles sufren actualmente enfermedades graves y no saben qué ocurrirá con sus tratamientos a partir de mes de septiembre”.