(avance) defensor pueblo. Becerril recomienda combatir el hambre infantil con programas autonómicos específicos

La Oficina del Defensor del Pueblo aconseja a las comunidades autónomas que pongan en marcha “programas específicos” de lucha contra el hambre infantil, después de abrir actuaciones de oficio en todas las regiones y ciudades autónomas el año pasado para examinar el impacto de la pobreza en la nutrición de los más pequeños.
Así lo afirma esta institución en su informe anual correspondiente a 2013, donde explica que las investigaciones de oficio también tenían como objeto conocer las intervenciones específicas que pudieran llevar a cabo los gobiernos autonómicos para garantizar la alimentación básica de los niños que vivan en hogares con privaciones materiales.
A la institución dirigida por Soledad Becerril le preocupó especialmente que el cierre de los comedores durante las vacaciones escolares pudiera agravar situaciones de precariedad.
De su investigación concluye que Andalucía, Canarias, Cataluña, Extremadura y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tenían programas específicos con enfoques diversos, como planes de inclusión, incremento de partidas presupuestarias destinadas a becas de comedor, el mantenimiento de comedores escolares abiertos en la época estival o la apertura de comedores sociales.
Igualmente, comprobó que Aragón, Asturias y Baleares adoptaron medidas o estaban en fase de estudio de impacto, en tanto que la Comunidad Valenciana había constituido una mesa de diálogo con las entidades sociales para abordar un plan de actuación sobre la pobreza infantil.
Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra y País Vasco manifestaron no tener detectado un problema estructural, aunque consideraron que la red general de cobertura, basada en rentas de integración, ayudas de emergencia y, en algún caso, comedores sociales, era suficiente para atender las necesidades que pudieran producirse en este ámbito.
Por su parte, Castilla-La Mancha estableció una conexión directa entre los problemas de malnutrición con eventuales situaciones de riesgo e incluso de desamparo, lo que motivaría la intervención de los servicios de protección a la infancia.