Bruselas denuncia a españa por 31 vertederos que no cumplen la normativa de la ue

La Comisión Europea decidió este jueves llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por dos infracciones de la legislación sobre medio ambiente: la deficiente gestión de 31 vertederos y la falta de evaluación de impacto ambiental en una línea ferroviaria entre Sevilla y Almería.
El primer caso se refiere que varios vertederos españoles siguen funcionando pese a no cumplir la Directiva relativa al vertido de residuos, que establece un conjunto de normas sobre los vertederos para prevenir sus efectos negativos para la salud humana, el agua, el suelo y el aire.
Según esta directiva, los vertederos que estaban en funcionamiento en 2001 debían haber cerrado a más tardar el 16 de julio de 2009, salvo que cumplieran las normas de la UE destinadas a garantizar su funcionamiento seguro.
La Comisión Europea aseguró que, casi cinco años después de expirado el plazo para el cese de sus operaciones, en España continúan en funcionamiento 28 vertederos que infringen la normativa y otros 3 siguen pendientes de renovación para adaptarse a la legislación vigente. Por ello, el Ejecutivo comunitario ha recurrido al Tribunal de Justicia de la UE para acelerar el cierre o adaptación de estas instalaciones.
"DETERIORO DEL HÁBITAT" POR LA LÍNEA FERROVIARIA
Por otro lado, el otro caso alude a una línea ferroviaria de alta velocidad, aún en fase de construcción y que ha tenido “graves repercusiones” en las campiñas de Sevilla, una zona de gran importancia para la conservación de las aves que está protegida por la legislación, tanto española como de la UE.
La Comisión Europea recalcó que, pese a que numerosas pruebas científicas avalaban desde hacía tiempo la importancia de esta zona, España no otorgó el estatus de zona de protección especial hasta que el Tribunal de Justicia de la UE dictó sentencia al respecto. Para entonces ya se había autorizado la sección correspondiente del proyecto ferroviario Sevilla-Almería y habían comenzado las obras de construcción.
Debido a este retraso, el procedimiento relativo al impacto ambiental del proyecto no tuvo debidamente en cuenta su estatus de zona de protección ni las especies que alberga. La Comisión consideró “evidente” que, tal y como se presentó, el proyecto no debió aprobarse, ya que, según añadió, “está causando un deterioro del hábitat y una perturbación de las aves protegidas, situación que podría acentuarse si la línea ferroviaria de alta velocidad se pusiera en funcionamiento”.
Además, la Comisión subrayó que España no ha adoptado las medidas necesarias para reparar el daño causado, por lo que ha llevado el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE.