Cáritas pide a la onu acabar con las 'devoluciones en caliente'

La experta del Equipo de Incidencia y Comunicación de Cáritas Española Sonia Olea Ferreras intervino este jueves en Ginebra en la 29ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y alertó de las 'devoluciones en caliente' que se producen en Ceuta y Melilla. Asimismo, pidió que se derogue la Disposición Final primera de la Ley de Protección a la Seguridad Ciudadana, que las hace posible.
Olea destacó en su intervención ante la ONU que toda persona, según la Constitución y la normativa de aplicación española, tiene derecho a un procedimiento administrativo de expulsión o devolución con todas las garantías en el acceso a la justicia.
En este sentido, abogó por la necesidad de seguir profundizando en la creación de herramientas de intervención, seguimiento, sistematización de datos y formación de los agentes de las administraciones públicas para propiciar un enfoque integral contra la discriminación racial y étnica.
Con relación a la actual Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, Cáritas puso el acento en la creación de sistemas de seguimiento y observación, en especial en lo que se refiere a supuestos jurídicamente indeterminados donde pueden verse muy dañadas personas en situación de exclusión social y vulnerabilidad severa, lo que supondría una criminalización de la pobreza.
Esta ONG también considera esencial abordar un marco estructural de la emergencia habitacional que cientos de familias viven en España. Para ello, y con objeto de garantizar el acceso al derecho humano a una vivienda digna y adecuada, Cáritas cree que el soporte necesario para ello pasa por la reforma en profundidad de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Hipotecaria, así como la articulación de medidas estatales como un Pacto de la Vivienda.
Otro de los puntos señalados por Olea ante la ONU ha sido el de la trata de seres humanos, un delito que supone una profunda violación de los derechos humanos. Aunque en España, en los últimos años, se han articulado políticas públicas en la lucha contra la trata, orientadas únicamente a combatir la trata con fines de explotación sexual, considera que hace falta todavía una ley donde se contemplen las actuaciones contra la trata de seres humanos en todas sus formas con objeto de garantizar la protección y asistencia a las víctimas de manera integral.
El último aspecto abordado por la experta de esta ONG católica fue el de la política de cooperación internacional, que necesita ser asumida como una política pública construida y ejecutada por el conjunto de actores de la cooperación española y que cuente con la necesaria disponibilidad presupuestaria.