México, 18 nov.- Representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) formalizaron hoy un acuerdo de asistencia técnica con el Estado mexicano y los beneficiarios de las medidas cautelares dictadas por el organismo regional en el caso de 43 estudiantes desaparecidos.
"Con ello será posible poner en marcha el acuerdo de asistencia técnica a la brevedad, en el marco de la implementación de las medidas cautelares decretadas por el órgano interamericano el 3 de octubre de 2014", señaló en un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería).
La CIDH solicitó entonces al Estado mexicano, entre otras cosas, que "adopte las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos" y proteger la vida e integridad personal de los heridos el pasado 26 de septiembre en Iguala, estado de Guerrero.
En esa fecha, 6 personas murieron, 25 resultaron heridas y 43 estudiantes de una escuela rural para maestros desaparecieron a manos de policías locales en colusión con miembros del cártel Guerreros Unidos, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía.
El comunicado de la SRE indicó que las partes reconocieron que la formalización del acuerdo alcanzado el 12 de noviembre refleja el compromiso de concretar la asistencia técnica de la CIDH, "lo que complementará los esfuerzos en materia de justicia y no repetición de actos como los que dieron origen a dicha asistencia".
El objetivo del acuerdo es incorporar a un grupo interdisciplinario de expertos independientes que llevará a cabo acciones orientadas a la búsqueda de los desaparecidos, a la determinación de responsabilidades penales y a la atención integral a las víctimas, puntualizó el boletín.
Por parte del Estado, el documento fue suscrito en Ciudad de México por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo; la subsecretaria de Gobernación, Lía Limón, y la subprocuradora Mariana Benítez de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía).
En representación de los beneficiarios de las medidas cautelares firmó Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y por parte de la CIDH lo hicieron James Cavallaro, relator para México, y Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo.
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