Washington, 5 jun.- La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) activó hoy en la capital del país el programa "Comunidades seguras" y se encontró con la oposición frontal del Gobierno local.
Con la incorporación del Distrito de Columbia, ya son 3.074 las jurisdicciones policiales de 50 estados y cinco territorios más donde funciona este programa que busca perseguir a los inmigrantes indocumentados con cargos criminales, indicó hoy a Efe una portavoz de la agencia federal.
De este modo, la ciudad de Washington aplicará el uso compartido de huellas dactilares entre los cuerpos de policía y el ICE, tal y como hace desde sus inicios este programa federal.
"Estoy profundamente decepcionado de que el Gobierno Federal active el programa Comunidades Seguras en el Distrito de Columbia", declaró el alcalde de la ciudad, Vicent Gray, horas antes de la entrada en vigor de la norma.
El alcalde y otros representantes locales quieren marcar un frente común para oponerse al programa federal y defender una fórmula legal con la que los agentes municipales de Policía puedan evitar facilitar información al ICE en caso de tratarse de delincuentes menores, según explicó a Efe un portavoz municipal.
El alcalde de la capital estadounidense considera que el programa federal "pone en peligro los lazos de confianza y, por lo tanto, crea un ambiente menos seguro para todos", dijo en público.
Gray criticó al ICE por su decisión de "continuar con el programa a pesar de las fuertes protestas de las autoridades locales y oficiales electos en el Distrito".
La oposición al programa está latente desde el pasado otoño en la ciudad.
El alcalde firmó entonces una orden ejecutiva, todavía en vigor, para que los agentes policiales del Distrito de Columbia no detengan a individuos sólo por su estatus migratorio.
El texto también prohíbe a las agencias del Distrito posibilitar entrevistas de inmigración a los detenidos sin una orden judicial.
Pese a las críticas municipales, el ICE asegura que este programa "ha cambiado profundamente" la política migratoria y ha aplicado "prioridades claras" para enfocarlo en la persecución de inmigrantes con cargos, según un comunicado remitido.
La agencia federal considera que el programa mantiene "un enfoque sostenido en la identificación y expulsión de extranjeros criminales y otros individuos prioritarios".
El ICE cuantifica en 135.000 los criminales extranjeros expulsados del país que habían sido declarados culpables, incluyendo unos 49.000 condenados por graves delitos violentos como el asesinato, la violación y abuso sexual de menores.
Entidades proderechos humanos y de inmigrantes han considerado reiteradamente que esta herramienta debilita la seguridad nacional del país, ya que creen que provoca que la población latina y la comunidad inmigrante dejen de comunicarse con la Policía por temor a ser deportados al descubrir su estatus migratorio.
En el último mes se han realizado protestas de inmigrantes indocumentados en varios puntos del país, incluida una manifestación ante el Departamento de Seguridad Nacional para acusar al Gobierno de incumplir su promesa de realizar deportaciones selectivas.
Por contra, la Administración ha subrayado que da prioridad a la persecución de los criminales indocumentados por delante de otros perfiles migratorios y ha realizado varias detenciones masivas a inmigrantes con cargos en el último año.
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