Congreso insta al Gobierno a impulsar la colaboración privada en eficiencia

Madrid, 25 abr.- El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a impulsar la colaboración público-privada en el ámbito de la eficiencia energética en los edificios.

La proposición, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, ha sido aprobada en la Comisión de Industria y aboga también por aprovechar al máximo el potencial de las empresas de servicios energéticos.

Apuesta por impulsar la colaboración entre el sector público y el privado para mejorar la eficiencia energética de los edificios de la administración del Estado, así como la colaboración con otros organismos con competencias en edificación, vivienda y energía.

Además, considera el impulso de medidas para "activar el mercado de los servicios energéticos en toda su cadena de valor, desde la fabricación de los componentes hasta el mantenimiento".

Durante la defensa de la proposición, el diputado del PP Teodoro Egea ha asegurado que "es necesario que lo público y lo privado se pongan manos a la obra para alcanzar los objetivos", sobre todo para eliminar las barreras existentes en el ámbito de los servicios energéticos.

Entre estas barreras figura una inversión inicial alta y que "en muchas ocasiones los usuarios finales no suelen creer que los resultados simulados previamente" vayan a materializarse, a pesar de que la rentabilidad ha sido demostrada.

Ha insistido en que "los beneficios (de invertir en eficiencia energética) son claros" ya que, además de ahorrar en la factura a medio plazo, "estaremos creando empleo cualificado y mejorando la competitividad" del país.

La diputada de CiU Inmaculada Riera ha estimado que el papel de las empresas de servicios energéticos es "clave" para lograr los objetivos de eficiencia y, por ello, ha abogado por dar una cobertura legal más amplia a esta actividad.

Por su parte, el diputado socialista José Segura ha criticado que en la proposición "no hay ninguna aportación de política energética" porque la colaboración público privada ya está regulada y ha asegurado que el texto "es humo que se lo lleva el viento y que no sirve para nada".

La Comisión ha rechazado una proposición no de ley de CiU para la creación de una línea de financiación específica, a través de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), para ayudar a la reestructuración de las pymes dedicadas a la actividad industrial que presentan proyectos viables, pero que tienen dificultades coyunturales.

También ha votado en contra de la propuesta de La Izquierda Plural de paralizar el proyecto de explotación minera de magnesitas de Borobia, en Soria, por su impacto medioambiental y por contar con el rechazo de los vecinos de la zona.

De la misma manera, ha quedado rechazada la proposición socialista de instar al Gobierno a elaborar una regulación específica para impulsar el uso de la biomasa térmica y eléctrica, así como el biogás y el texto de UPyD que abogaba por aprobar una normativa específica para la fracturación hidráulica o "fracking".