Conocer a los padres biológicos es un limbo jurídico para niños adoptados o 'in vitro'

Una sentencia de un tribunal valenciano conocida esta semana ha autorizado a una mujer valenciana que fue adoptada hace más de 30 años a conocer la identidad de su madre biológica. Ésta dio a luz en el Hospital Virgen del Consuelo, en la misma capital del Turia.

No es la primera y seguramente no será la última sentencia parecida que se emita en España. En 1999 el Tribunal Supremo dictaminó que el derecho a la conocer la identidad de los padres biológicos está por encima del derecho que estos tienen a conservar su anonimato.

Los casos de niños robados que han saltado a la opinión pública en los últimos años han reavivado un debate en donde colisionan dos derechos fundamentales tanto de padres como de hijos. Para los niños robados que se dan cuenta de que lo han sido cuando llegan a adultos, resulta menos complicado. Por lo general, tanto padres como hijos desean reencontrarse y conocerse.Un farragoso proceso burocrático

Ahora bien, ¿qué pasa con las adopciones normales? ¿Y si la madre biológica no quiere saber nada pero el hijo sí? Según el TS, este último tiene derecho a conocer la identidad de su progenitora, como ha reconocido una vez más esta misma semana el juzgado número 8 de Primera Instancia de Valencia.

¿La realidad? Ejecutar esa sentencia es un farragoso proceso burocrático que en no pocas ocasiones termina en nada. Papeleo, tiempo y cansancio acaban haciendo mella en los ciudadanos que sólo desean conocer algo esencial de sus orígenes: ¿quién me dio la vida?

De esto sabe bien Enrique Vila, el abogado que ha llevado y ganado el caso de Valencia antes mencionado. El propio Vila fue un niño adoptado que a los 23 años conoció que sus padres legales no eran los mismos que sus padres biológicos. Lleva más de 25 años luchando en este campo, logrando muchas sentencias favorables y siendo testigo de las dificultades extremas para ejecutarlas.Trabas y disparidad de criterios

Entre otras, la disparidad de criterios que se producen entre administraciones no sólo autonómicas, sino incluso provinciales. "La información que nos han permitido conocer en Vizcaya, nos ha sido negada en Guipúzcoa, en Navarra o Madrid. Parece increíble, pero así está pasando".

Cuando este abogado acude a un hospital público con una sentencia favorable en la mano, los funcionarios apelan al derecho a la intimidad de sus pacientes y a la Ley de Protección de datos para negar la información solicitada. Exigen una orden judicial para entregarla.

Cuando se pide dicha orden al juez, estos no siempre saben bien qué tienen que exigir, qué tipo de documentos o libros son los adecuados. Además, los hospitales se conocen todo tipo de triquiñuelas, de las que Enrique Vila ha sido testigo, para dificultar el proceso. "Por ejemplo, cuando pedimos datos de la madre biológica de Fulanito, con su nombre y apellidos, nos contestan que no tienen datos de personas con esos apellidos. Pero, claro, ¡los están buscando con sus apellidos adoptivos! No es que sean burros: lo hacen deliberadamente para dificultar el proceso".

O también suelen responder que han destruido los historiales clínicos de los pacientes. Pero ni se molestan en investigar los registros de entradas para saber qué mujeres ingresaron en el centro. "Sencillamente, no hay voluntad de facilitar la ejecución de la sentencia".Con la Iglesia hemos topado

Y en hospitales privados, las dificultades son todavía peores. "No digamos ya si son instituciones religiosas. Entonces los reparos jurídicos llegan incluso hasta el concordato con la Santa Sede, que reconoce la inviolabilidad de los archivos eclesiásticos. No entregan los datos ni con orden judicial". El mismo Enrique Vila, que nació en un hospital religioso, es víctima de esta situación: "Yo mismo no conozco a mi madre biológica porque nací en un centro religioso. No hay forma humana de acceder los archivos".

Por si fuera poco, las leyes se han encargado de ralentizar aún más el proceso de reencuentro entre hijo y padre. Vila se queja de que la redacción del artículo correspondiente del código civil no facilita las cosas: "Dice que la administración mediará en el encuentro, por lo que se han creado unos servicios de mediación que buscan a la madre para preguntarle si desea o no conocer a su hijo. Eso complica muchísimo todo".

Aún así, Vila no desiste, y prevé que se incrementarán los casos de personas que buscan a sus padres biológicos a medida que los niños que fueron concebido 'in vitro' con óvulos o esperma donado lleguen a la mayoría de edad. De hecho, ya hay casos de niños probeta interesados en recurrir a la Justicia para averiguar la identidad de sus padres o madres biológicos.Más difícil todavía

"Lo tienen más difícil, todavía", opina Vila. Porque la Ley de Reproducción asistida es sumamente cuidadosa en la protección de los donantes de gametos. Ahora bien, "todo es cuestión de tiempo. La Constitución es clara en su artículo 39.2". Concretamente dice así:

"Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad".

La cuestión de los niños 'in vitro' es un tema apasionante, según este abogado: "Oiremos muchos más casos de este tipo en los próximos años, pero hoy por hoy es muy complicado, por sus dimensiones no sólo jurídicas sino también morales". Vila lo sabe de buena tinta. Ha creado una fundación para ayudar a los ciudadanos a encontrar a sus padres biológicos. Pero el ministerio de Justicia le obligó a cambiar los estatutos de dicha fundación, introduciendo la coletilla "siempre con los límites que marca la Ley respecto a la donación de óvulos".

Seguramente el final de este limbo llegará por vía del Tribunal Constitucional. Tarde o temprano tendrá que dirimir qué derecho prevalece: si el de la intimidad de las madres o el de los hijos a conocer su verdadera identidad.

Sigue @martinalgarra