Consistorio dice Guardia Urbana tenía consigna de no cargar contra indignados

Barcelona, 19 ene.- La exteniente de alcalde de Seguridad de Barcelona Assumpta Escarp se ha desvinculado hoy del orden público en la operación policial en la acampada de "indignados", que en su opinión sólo pretendía limpiar plaza Catalunya, y ha recalcado que la Guardia Urbana tenía la consigna de no emplear la fuerza.

Escarp ha declarado hoy como imputada ante el titular del juzgado de instrucción número 4 de Barcelona, que investiga la operación del pasado 27 de mayo en la plaza Catalunya de Barcelona, arropada por el exalcalde Jordi Hereu y por su actual sucesor en la tenencia de alcaldía de Seguridad, Joaquim Forn.

En la causa están también imputados el director de la policía catalana, Manel Prat, y otros dos mandos de los Mossos d'Esquadra que declararán en los próximos días a raíz de la querella que medio centenar de "indignados" presentó por aquella operación policial, que derivó en cargas policiales por parte de los Mossos d'Esquadra.

Según fuentes judiciales, en su declaración ante el juez, que la ha estado interrogando durante cerca de media hora, Escarp ha aclarado que, de acuerdo con el dispositivo que Interior y Ayuntamiento prepararon conjuntamente, la Guardia Urbana no desempeñaba ningún papel en el orden público de la operación y tenía la instrucción de no emplear la fuerza con los indignados a no ser que algún agente estuviera en riesgo.

La exteniente de alcalde ha insistido en que la operación, que ambas administraciones llevaban días preparando pero se concretó la tarde antes, sólo pretendía limpiar la Plaza Cataluña de objetos peligrosos de cara a la celebración futbolística del día siguiente por la posible victoria del Barça en la Champions.

Escarp ha negado que hubiera desajustes en la coordinación con los Mossos d'Esquadra, contrariamente a lo que apuntó el propio conseller de Interior, Felip Puig, y ha recalcado que el papel de la Guardia Urbana en el 27-M era el de mero "colaborador" con la policía autonómica para facilitar el operativo de limpieza, sin responsabilidades en el orden público.

"En ningún momento hubo la intención de desalojar la plaza, habíamos cambiado el lugar de la celebración de la Champions", ha afirmado la exteniente de alcalde en una breve comparecencia ante los medios en la que también ha estado flanqueada por Hereu y Forn.

Tras señalar que el papel que tenía la Guardia Urbana encomendado era pasivo para permitir la movilidad de los camiones de limpieza, la imputada ha asumido toda la responsabilidad en la retirada de los objetos de la plaza aunque no ha aclarado el motivo por el que, finalmente, se decomisaron todo tipo de enseres de la acampada, y no sólo los que podían ser peligrosos.

Según Escarp, el operativo del 27 de mayo llevaba días preparándose y fue acordado por el conseller de Interior y el alcalde a nivel político, mientras que ella intervino en la planificación técnica del dispositivo y el mismo día dirigió a la Guardia Urbana en el proceso de custodia y retirada de objetos de la acampada.

La exresponsable de Seguridad de Barcelona ha explicado que a los acampados se les dio un cuarto de hora para limpiar la plaza de elementos peligrosos, pero ha evitado precisar los motivos por los que no se avisó días antes a los indignados de la "operación de limpieza" de la plaza.

Asimismo, ha reconocido que en los primeros días de la acampada la Guardia Urbana se intentó poner en contacto con los "indignados", aunque con escaso éxito, y ha apuntado que en la operación del 27 de mayo no se pudo conversar con ellos por falta de interlocutor.

Respecto a la retirada de enseres de los acampados, Escarp ha alegado que se siguieron los procedimientos habituales en caso de decomisos y ha reconocido que todavía quedan objetos en dependencias municipales, aunque, ha destacado ante los medios, en la querella no figura ninguna denuncia por daños a pertenencias de los acampados.

El juez Josep Maria Miquel Porres abrió una investigación sobre la operación en la acampada de indignados ante los indicios de posibles delitos, como el de vulneración del derecho a reunión, a raíz de la querella interpuesta por medio centenar de indignados representados, entre otros, por los abogados Jaume Asens, Laia Serra y Anais Franquesa.