Así reza en el texto de la cuestión, consultado por Europa Press y suscrito por los diputados Carlos Hernández y Marta Escrivá, después de que en el informe de 'Fiscalización de las cuentas rendidas por las universidades públicas de Andalucía', correspondiente al ejercicio 2012, el ente fiscalizador precisara que el presupuesto inicial agregado de las universidades de Andalucía fue de 1.798,39 millones, un 2,80 por ciento superior a 2008. A lo largo de 2012 se ha modificado en un 40,54 por ciento, obteniéndose un presupuesto definitivo de 2.527,44 millones.
El informe apuntaba una serie de "limitaciones" para realizar el análisis de la eficacia, eficiencia y economía de la gestión docente, como es el hecho de que "ninguna universidad andaluza disponía de un sistema de gestión y control de costes"; o el hecho de que "durante el periodo examinado han concurrido distintos planes de estudios diferentes, con una información ausente de homogeneidad, con numerosas incoherencias y de enorme provisionalidad". Ante tales circunstancias, el ente fiscalizador no quiso obtener resultados sobre el coste de la gestión docente, "al presentar inconsistencia y débil razonabilidad".
El informe aludía a una serie de conclusiones, como "ausencia en la Ley Orgánica de Universidades (LOU), en la Ley Andaluza de Universidades (LAU) y en el resto de normativa de regulación de la enseñanza superior 'no presencial'", por lo que se instaba a la Junta a regularla.
El ente fiscalizado precisaba que "salvo la UJA, de forma parcial y limitada, el resto de universidades no soportan sus presupuestos anuales con un detalle de los programas por objetivos, actividades o recursos", por lo que recomienda la elaboración de fichas de programas que definan objetivos, actividades, recursos humanos y financieros, magnitudes de medición e indicadores, vinculados a presupuestos y plan estratégico.
El informe apuntaba asimismo "un elevado número de órganos de gobierno y de representación, así como de sus miembros, los cuales, al cierre de 2012, se habían incrementado en un 5,85 por ciento respecto a 2008", por lo que el ente fiscalizador recomendaba adoptar medidas "con vista a una mayor racionalización de los órganos colegiados de representación, con el fin de hacer más ágil los procedimientos de decisión, mayor profesionalización y especialización y más transparencia de la gestión".
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