Denuncian anomalías en la determinación de la edad de menores inmigrantes

Los menores inmigrantes no acompañados son víctimas en muchas ocasiones en España de malas prácticas en la datación de su fecha de nacimiento por parte de las administraciones, que se saldan con su declaración legal como mayores de edad y su consiguiente expulsión del sistema de tutela de menores.
Es la principal conclusión de un informe elaborado por la Fundación Raíces en colaboración con la Fundación Abogacía Española. El estudio, presentado este miércoles, se titula ‘Solo por estar solo’ y ha sido elaborado a partir del análisis de los cerca de 300 menores, la mayoría procedentes de Marruecos y países subsaharianos, que ha atendido la Fundación Raíces en los últimos cinco años.
En muchos estos casos, aunque estos jóvenes dispongan de documentos otorgados por las autoridades de sus países que certifican su minoría de edad, la Fiscalía del Estado español “sistemáticamente no da validez a sus pasaportes y partidas de nacimiento” cuando llegan solos, algo que no sucede si vienen acompañados o son adultos.
Según la presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal, las administraciones siempre hacen más caso, antes que a los papeles que les presentan los jóvenes, a las pruebas forenses para la determinación de la edad (medición de muñeca o análisis dental, por ejemplo) que tienen un margen de error nada desdeñable.
El artículo 35 de la Ley de Extranjería y el 190 de su reglamento indican que las pruebas de determinación de la edad solo pueden ser realizadas a menores extranjeros indocumentados cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad.
En el caso de niños marroquíes, Reyzábal dice que el revés para estos jóvenes se agrava, porque el país vecino tiene suscrito un convenio con España para garantizar el reconocimiento bilateral de este tipo de certificados.
“Es muy grave lo que está sucediendo, porque si estos jóvenes son declarados mayores, son expulsados a la calle, ya que no pueden estar en centros de tutela”, dijo la responsable de la Fundación Raíces.
El informe recomienda que se establezcan mecanismos legales que regulen los recursos a los decretos fiscales de determinación de la edad, en un procedimiento con todas las garantías, “hoy por hoy inexistentes en nuestra legislación”.
También pide que los colegios de abogados creen un turno especial de letrados formados en materia de menores extranjeros no acompañados, independiente de las Administraciones públicas que intervienen en el procedimiento.