Desahuciada la penúltima vecina de la Casa del Aire de Granada entre protestas del 15M

La Policía Nacional ha procedido a ejecutar la orden de desahucio del Juzgado de Primera Instancia número 18 de Granada contra la que era la penúltima vecina de la Casa del Aire, situada en la calle Zenete del barrio histórico del Albaicín. Entre protestas de vecinos e 'indignados' del Movimiento 15M, un gran número de efectivos policiales ha logrado el desalojo, que había sido pospuesto en dos ocasiones anteriores ante el movimiento social generado.

Según fuentes policiales, el desahucio se ha producido a las 8.00 horas de este miércoles, después de que los agentes se abrieran paso entre el centenar de concentrados que se encontraban en las inmediaciones del inmueble, situación que ha motivado "algunos forcejeos" por el que uno de los policías ha resultado herido, con contusiones en una muñeca, que le ha llevado a ser trasladado a un centro sanitario.

Según el Movimiento 15M, el dispositivo policial desplegado ha sido "desproporcionado" y ya desde la noche de este martes se concentraron en los alrededores de la calle Elvira hasta diez furgonetas de antidisturbios y dos coches patrulla que cortaban los accesos al inmueble, situado en el número 7 de la calle Zenete.

En un comunicado, la Asamblea de Granada ha indicado que ya por la mañana unas cien personas se han concentrado a ambos lados del bloqueo policial de la casa. Cuando llegó el primer secretario judicial para hacer efectiva la entrega de llaves, los concentrados decidieron sentarse para resistir de forma no violenta al desahucio. Ante la negativa de los manifestantes a levantarse, la Policía procedió a despejar los accesos, que han motivado varios heridos con contusiones entre los 'indignados'.

Finalmente, el desahucio se llevó a cabo a la hora prevista, y la penúltima inquilina, Clara Martínez, que ha permanecido en la Casa del Aire durante 23 años, ha hechos unas declaraciones a los medios de comunicación en las que se ha quejado de la actuación de las administraciones en los desalojos que se están llevando a cabo en el Albaicín. "Nos expulsan a los vecinos con la ayuda de la Policía, la colaboración de los juzgados y la connivencia de Ayuntamiento y Junta de Andalucía, haciendo la vida imposible a la gente de este barrio", ha dicho Clara, que ha señalado que las razones de su desalojo parten de los deseos de la empresa propietaria del edificio de construir en él apartamentos de lujo.

El desahucio ha motivado además que los 'indignados' hayan convocado frente a las puertas de los Juzgados, en Plaza Nueva, una concentración contra los desahucios ordenados por los jueces sin dudar "en derrochar las arcas públicas con actuaciones desproporcionadas que contribuyen a visibilizar al servicio de quiénes están tanto los poderes públicos como los judiciales: en este caso, a las inmobiliaria que especulan ya no sólo con las casas sino también con la vida de las personas que las habitan".

En la Casa del Aire ya sólo habita Manuel Prieto, que paga 88 euros de renta tras 31 años de alquiler, pese a los intentos de la propietaria, Edivara-Varasol, de que se marche. Según Prieto, la inmobiliaria se niega a mantener la casa para que sea declarada en ruinas y él tenga que abandonar la que ha sido su vivienda durante más de tres décadas. De hecho, esa sería la única manera de que se fuera, puesto que posee un contrato indefinido que no puede ser rescindido.

En el inmueble hay doce viviendas, todas tapiadas con cemento, excepto la de Prieto y la de Clara Martínez después del pasado 19 de enero de 2010, fecha en la que fueron desalojados también por orden judicial seis 'okupas' que vivían en el bloque. Según Martínez, la inmobiliaria pretende "echar abajo" la Casa del Aire para construir apartamentos turísticos, y es por esa razón por lo que está haciendo todo lo posible que sus inquilinos se marchen.

Hace dos años se le comunicó que el contrato de arrendamiento no se le iba a renovar, aunque llevara más de dos décadas viviendo en el inmueble --por lo que ha pagado 166 euros cada mes--, una decisión que ella recurrió hasta que finalmente el Juzgado de Primera Instancia número 18 le comunicó que sería desahuciada.