Devoluciones de inmigrantes llevan al juzgado al jefe de G.Civil en Melilla

  • El coronel jefe de la Guardia Civil en Melilla, Ambrosio Martín Villaseñor, ha declarado hoy como imputado por las devoluciones en caliente de inmigrantes, un hecho que se viene produciendo desde 2005, pero que este año ha cobrado un mayor protagonismo por la extrema presión migratoria que vive la ciudad.

Melilla, 3 oct.- El coronel jefe de la Guardia Civil en Melilla, Ambrosio Martín Villaseñor, ha declarado hoy como imputado por las devoluciones en caliente de inmigrantes, un hecho que se viene produciendo desde 2005, pero que este año ha cobrado un mayor protagonismo por la extrema presión migratoria que vive la ciudad.

2014 se ha convertido en un año récord de la inmigración en Melilla con casi 4.000 entradas, de las que alrededor de 2.000 corresponden a subsaharianos que han participado en alguno de los casi 40 asaltos al perímetro fronterizo de la ciudad, los más importantes los registrados los pasados 18 de marzo y 28 de mayo, cuando 500 consiguieron cruzar la valla en cada uno de ellos.

Sin uniforme y acompañado por una abogada del Estado, el mando de la Guardia Civil ha prestado declaración durante más de dos horas y media, explicando al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, Emilio Lamo de Espinosa, el protocolo que se sigue ante un intento de entrada masiva por parte de inmigrantes.

Dicho modo de actuar viene recogido en la orden de servicio 6/2014 titulada "Dispositivo anti intrusión en la valla de Melilla y protocolo de vigilancia de fronteras", fechada en abril y firmada por el coronel, y que desarrolla un protocolo superior de la Dirección General de la Guardia Civil.

Lo que defiende el instituto armado y apoya el Ministerio del Interior es un concepto "operativo de frontera", de manera que, cuando los intentos de entrada ilegal llevados a cabo por los inmigrantes son contenidos y rechazados, no se puede hablar de "entrada ilegal efectiva", la cual sólo se consuma definitivamente cuando el inmigrante rebasa la valla interna.

Este argumento no es compartido ni por las ONG que presentaron la denuncia -Andalucía Acoge, SOS Racismo y Prodein- ni, a priori, por el juez Lamo de Espinosa que defiende, de manera provisional, que el terreno comprendido entre la primera y la segunda valla ya es territorio español y, por tanto, procede la aplicación de la Ley de Extranjería.

A pesar de que durante 2014 se han producido alrededor de 40 intentos de entrada por la valla de Melilla, la denuncia de las ONG aluden expresamente a dos: los ocurridos el 18 de junio y el 13 de agosto.

Durante esos dos días, decenas de subsaharianos accedieron a la zona del entrevallado o bien se encaramaron a una de las verjas durante horas, aunque fueron finalmente entregados a las autoridades marroquíes.

A su salida de los juzgados, en un breve encuentro con los periodistas que le esperaban, Martín Villaseñor se ha mostrado tranquilo, convencido y con la "conciencia clara" de haber actuado legalmente, y ha negado que haya podido dar órdenes contrarias a la legislación.

El jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla ha estado respaldado por su número dos, el comandante Arturo Ortega, así como por varios subordinados como el cabo Javier Ferrón, conocido por salvar la vida de una subsahariana embarazada y de su hijo de 8 años que cayeron al mar desde una patera.

También, al conocerse la noticia de su imputación a mediados de septiembre, recibió el apoyo de las Direcciones Generales de la Guardia Civil y Policía Nacional, del Ministerio del Interior, del Ejecutivo melillense y de la Delegación del Gobierno.

Precisamente, el titular de esta institución, Abdelmalik El Barkani, se mostró rotundo y dijo entonces que si en algún momento, por una decisión política o de un juez, se ve normal que el fenómeno migratorio se rija por los asaltos a la frontera, "lo que habría que hacer es quitar la valla y decirle a los guardias civiles que muchas gracias por el servicio prestado, pero que allí no es necesario".

Tras la declaración del coronel, está previsto que continúen las diligencias, según ha informado la abogada de la acusación popular, Patricia Fernández, con la continuación de la investigación y el visionado de vídeos.

Fernández ha dejado claro que la idea es continuar con el procedimiento y ha anunciado que la acusación popular solicitará nuevas imputaciones, aunque sin desvelar a quién o quiénes podrían ir dirigidas.

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