El proyecto de ley contempla también recortar los derechos sociales de los migrantes y prolongar los plazos para la reagrupación familiar y la concesión del permiso de residencia permanente.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) dijo que el texto alimenta "el miedo y la xenofobia", y la confiscación de bienes llamó mucho la atención en el extranjero, tanto que el diario Washington Post no tardó en hacer un paralelismo con la expoliación que sufrieron los judíos durante la Segunda Guerra Mundial.
Pero las organizaciones internacionales están igualmente alarmadas por el endurecimiento de la política de reagrupación familiar. El proyecto de ley eleva de uno a tres años el plazo previo para solicitarla.
El primer ministro liberal Lars Løkke Rasmussen, apoyado por el Partido Popular Danés, hostil a la inmigración, asume plenamente la paternidad de lo que califica como "el proyecto de ley más incomprendido de la historia de Dinamarca".
Criticado por las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y varias oenegés, el dirigente no se deja impresionar, amparándose en una opinión pública danesa que en un 70% considera la inmigración como su preocupación número uno, de acuerdo con los sondeos.
"Hay muchos refugiados que afluyen a nuestras fronteras, nos encontramos bajo una presión tremenda", dijo el lunes la ministra de Inmigración, Integración y Vivienda, Inger Støjberg, en Bruselas.
Según Amnistía Internacional, los migrantes, que en buena medida huyen de las guerras en Siria, Irak o Afganistán, se verán enfrentados "a una elección imposible".
"O bien emprenden con sus hijos y familiares viajes peligrosos, o bien los dejan donde están y viven una separación prolongada, mientras los miembros de su familia siguen padeciendo los horrores de la guerra", estimó Gauri van Gulik, directora adjunta de AI para Europa.
La votación del proyecto de ley este martes en el Parlamento se presenta como una formalidad, ya que el gobierno ha aceptado algunas enmiendas para obtener el apoyo de los socialdemócratas, primer partido de oposición, y de otras dos pequeñas formaciones derechistas.
Así, en lo que respecta a la confiscación de bienes, la policía podrá registrar el equipaje de los migrantes y hacerse con el dinero en efectivo que supere las 10.000 coronas (1.340 euros, 1.450 dólares) y los efectos personales cuyo valor supere el mismo umbral. El texto inicial preveía para estos un límite de apenas 3.000 coronas.
Asimismo, el proyecto de ley permite a los demandantes de asilo guardar sus alianzas y todo objeto de valor sentimental.
Dinamarca goza de una cláusula que la exonera de alinearse sobre la política de asilo europea. No obstante, está sujeta a los tratados internacionales firmados y que el primer ministro quiere ahora modificar, a causa de la crisis migratoria que está viviendo Europa.
Según explicó en diciembre, si siguen llegando tantos migrantes a Europa (alrededor de un millón en 2015), "llegará un momento en que tendremos que hablar (...) de ajustar las reglas del juego".
Rasmussen fue electo en junio, y rápidamente propuso una "ralentización inmediata" del flujo de refugiados, en un país que registró un total de 21.000 demandas de asilo en 2015, dentro de una población de 5,5 millones de habitantes.
Desde hace meses, Dinamarca ya se había lanzado en un "concurso de fealdad" para hacerse menos atractiva a los ojos de los migrantes, reduciendo las prestaciones sociales, endureciendo las condiciones de residencia y publicando anuncios disuasivos en la prensa de algunos países árabes.
"Es incontestable que el tono del debate público sobre los refugiados y los inmigrantes se ha endurecido", constata Kashif Ahmad, dirigente del Partido Nacional, que busca atraer el voto de los inmigrantes.
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