Discapacidad. Rafael de lorenzo: "las normas sólo tienen sentido cuando se ejercitan"

El secretario general del Consejo General de la ONCE, Rafael de Lorenzo, recordó este viernes a los gobernantes en general que las normas, por muy positivas que sean, como ocurre con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, "sólo tienen sentido cuando se ejercitan", por lo que les pidió voluntad para llevarlas a la práctica y no únicamente para ratificarlas.

El representante de la Organización Nacional de Ciegos Españoles se expresó así en una mesa de análisis de varios artículos de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad desde la perspectiva de género, desarrollada en el marco de la Conferencia Internacional 'Los Desafíos del Nuevo Milenio para las Mujeres con Discapacidad', que finaliza este viernes en Madrid.
De Lorenzo se ocupó del artículo 28 de la Convención, dedicado al ámbito de vida adecuado y protección social, y dijo que
la norma trata de "proteger en positivo" a las mujeres y niñas con discapacidad, aunque no es suficiente.
Calificó de "hito histórico" la redacción de la Convención, un tratado internacional vinculante, que si bien es "una condición necesaria", no es, sin embargo, "suficiente" para la protección de las personas con discapacidad.
Y es que, indicó, las normas jurídicas "sólo tienen sentido cuando se ejercitan", por lo que apostó por impulsar políticas sociales tangibles y posibles de cumplir.
En este sentido, De Lorenzo denunció que la tendencia actual no es la que marca la convención, que vela por la igualdad y por el cumplimiento de los derechos para las personas con discapacidad y, sin embargo, aseguró, en el mundo aparecen cada vez más desigualdades.
"Vamos en dirección contraria", ya que se ven "enormes desigualdades" en Europa y en el mundo en general, a las que los mandatarios tienen que hacer frente poniendo la política por delante de las finanzas, aseveró el representante de la ONCE.
En la misma mesa redonda, Isabel Caballero, miembro de la Comisión de la Mujer del Cermi, abordó el artículo 25 de la Convención, que alude al derecho a la salud por parte de las personas con discapacidad y que toca también la perspectiva de género, y lo hizo centrándose en España.
DESAFÍOS
Según dijo, en este país, donde la salud es universal y gratuita, "de momento", hay sin embargo desafíos para mejorar su acceso por parte de las mujeres con discapacidad, ya que servicios específicos para la población femenina, como pueden ser los ginecológicos, no siempre están preparados, ni física ni profesionalmente, para atenderlas.
Reivindicó, por último, el papel de los médicos de familia en la detección de la violencia de género, una lacra que se da también entre las mujeres con discapacidad.
Por su parte, Pepa Torres, directora gerente de la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (Feacem), analizó el artículo 27 de la Convención, que se ocupa del empleo de las personas con discapacidad.
Señaló que la situación laboral de las mujeres con discapacidad es peor que la de los hombres también con discapacidad, lo que evidencia que el hecho de ser mujer supone un factor añadido de discriminación para el sexo femenino también en este ámbito.
Así, indicó, en España, como ocurre en Europa en general, hombres y mujeres sin discapacidad son los que mejor situación laboral tienen, seguida de la de hombres con discapacidad y, finalmente, de la de mujeres con discapacidad.
Además, Torres subrayó el hecho de que cuando tienen empleo, las mujeres con discapacidad suelen contar también con peores condiciones laborales que sus iguales masculinos, por lo que pidió políticas transversales que mejoren el acceso y la calidad del trabajo de las féminas con discapacidad.
Por último, Beatriz Martínez, experta del Cermi en Cooperación para el Desarrollo, abordó el artículo 32 del tratado, que versa precisamente sobre la cooperación, un valor que, a su juicio, se está perdiendo, como demuestran los recortes efectuados sobre las políticas que lo desarrollan.
Afirmó que la discriminación por género y discapacidad es invisible, ya que en el 90% de los países con pocos ingresos no existen datos de indicadores de pobreza desagregados por sexo y discapacidad.
Y esto, prosiguió, que sólo el uno por ciento de las mujeres con discapacidad tienen acceso a la educación y que en algunos de los países más pobres el cien por ciento de las mujeres con discapacidad se ven excluidas del trabajo.