La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha unido a lacomunidad internacional en el Día Internacional de la Memoria Trans parainstar a los Estados a aumentar la protección de los transexuales de América Latina. Quieren que tomen medidas concretas que permitan reducir la vulnerabilidadde este colectivo a la violencia y evitar la impunidad en los crímenes cometidos atransexuales.
La esperanza de vida de los transexuales se ha convertido en una de las principalesalarmas de las organizaciones internacionales. El 'Registro de Violencia' elaborado porla Comisión ha destacado que el 80% de las mujeres trans latinoamericanasmueren a los 35 años o menos.
Esta cifra evidencia, según la Organización de los Estados Americanos (OEA), el alto número de estas mujeres que mueren asesinadas. En el caso de los hombres trans, las estadísticas destacan que la mayor parte de la violencia contra este colectivo se produce en el entorno familiar.
Sin embargo, los países miembros de la OEA no cuentan con un sistema que permitarecolectar datos que tenga en cuenta la identidad de género en la elaboración deestadísticas. Muchas veces, esta identidad de género se confunde con la orientaciónsexual.
Unas estadísticas más precisas, según señala la Organización de los Estados Americanos, permitirían destacar tendencias,así como señalar qué sectores sufren en mayor medida la violencia y la violación delos derechos humanos.Exclusión y discriminación
El informe de laComisión Interamericana de Derechos Humanosha revelado también la importante relación que existe entre laexclusión, la discriminación y la corta expectativa de vida de las personas trans, que según el estudio, sufren abusos desde muy temprana edad.
Generalmente, tienen una tendencia mayor a ser expulsados de los colegios, hogares y comunidades, como consecuencia de expresar sus identidades de género. Comoresultado, se deben enfrentar a la pobreza, la excusión social y a los problemas de acceso a la vivienda y a la educación.
Esto provoca que algunas mujeres trans se vean forzadas al trabajo sexual y a ser perfiladas por la policía como "peligrosas", cuestión que les somete también al abuso policial y a la criminalización.
Este sistema de exclusión dificulta el acceso a un sistema de salud y a transformaciones corporales de calidad y supervisadas por profesionales.
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